
Vladimir Cerrón Rojas es ahora señalado por pagos irregulares a cinco policías durante su gestión como gobernador regional de Junín durante 2011 a 2014. El líder de Perú Libre, que se encuentra prófugo de la justicia luego de ser condenado a 3 años de cárcel por el delito de colusión, es responsable de entregar “bonificaciones especiales” de 45 mil soles a favor de cinco efectivos policiales, según un informe de la Contraloría General de la República que pide iniciar acciones penales en su contra.
Estos pagos fueron realizados desde el Gobierno Regional de Junín, lo que generó un perjuicio económico para la institución. Este caso también alcanza al sucesor en el cargo de gobernador regional, Ángel Unchupaico, quien habría otorgado 120 mil soles a 16 policías.
En suma, el Gobierno Regional de Junín otorgó dichas bonificaciones especiales indebidas por un total de 165 mil soles a 21 policías activos, infringiendo normativas existentes. La Contraloría, institución fiscalizadora, ha señalado que estos pagos, realizados entre el 2012 y 2018 mediante 137 boletas de pago, no debieron haberse concretado debido a una normativa que prohíbe tales prácticas. Cerrón aprobó los pagos entre los años 2012 y 2014, mientras que Unchupaico continuó con la práctica hasta el 2018.
Los policías beneficiados en la primera etapa, por Vladimir Cerrón, incluyen a los siguientes:
- Miguel Antonio Canez Adrianzen
- Gustavo Canez Córdova
- Yrineo Rodolfo Perales López
- Alberto Enrique Vilchez Córdova
- Edwin Jean Pablo Pantigoso Peña

¿Por qué Vladimir Cerrón pagó a los policías?
Según el informe de La Contraloría General de la República, estos pagos, categorizados como “bonificaciones especiales”, fueron señalados con la finalidad de obtener protección policial personal para Cerrón Rojas. La entidad fiscalizadora especifica que la emisión de estos pagos a efectivos de la Policía Nacional del Perú no se ajustaba a la legalidad.
Además, en el ámbito de la investigación, se identificaron presuntas responsabilidades penales contra otros cinco exgobernadores de Junín, quienes habrían participado en estos hechos durante su gestión. El objetivo de estos pagos era asegurar que los policías brindaran servicios de seguridad y resguardo a las autoridades regionales.

La entidad de fiscalización ha recomendado el inicio de acciones penales contra el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón Rojas y los funcionarios implicados en estas acciones, que habrían tenido lugar entre los años 2012 y 2018. Cerrón Rojas se encuentra actualmente en fuga de la justicia.
Prófugo de la justicia
El líder de Perú Libre está prófugo luego de ser condenado a prisión por caso Aeródromo Wanka. El pasado viernes 6 de octubre, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de corrupción de Junín dictó una sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva contra el también ex gobernador regional de Junín, en relación con irregularidades en la construcción del Aeródromo Wanka.
La condena impuesta a Cerrón se debe a su participación en un acto de colusión durante su mandato como gobernador, cuando firmó un contrato con el consorcio Gran Aeródromo Wanka para la construcción del aeródromo, ignorando un informe de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este proyecto fue considerado innecesario por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), argumentando que la región ya posee un aeropuerto funcional y que no era prudente invertir en otro.

Junto con Cerrón, otros implicados recibieron sentencias por su rol en la colusión; entre ellos, se encuentran Aldrin Zárate Bernuy, Mercedes Ireno Carrión Romero, Luis Donato Araujo Reyes, Serafín Samuel Blanco Campos, Luis García Morón y Natali Yanina de la Vega Estrada, todos encontrados culpables por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín.
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