Ayer culminó la primera legislatura del periodo de sesiones 2023-2024 en el Congreso de la República con la aprobación de pólemicos proyectos que debilitan la lucha contra la corrupción, la calidad educativa, la reforma de la política, el medio ambiente y los derechos humanos, entre otros asuntos.
Sin embargo, se debe destacar que los parlamentarios no lograron sacar adelante mociones como la que pretendían remover a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta falta grave al suspender provisionalmente a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Ante tal situación, la Mesa Directiva del cuestionado Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) no ha tenido mejor idea que delegar funciones a la Comisión Permanente para que puedan ver los dictámenes o las resoluciones legislativas que se encuentren en el orden del día y en la agenda que se quedó sin verse en el Pleno.
De igual manera, tendrá la facultad de revisar los proyectos que el Ejecutivo envié con carácter de urgencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.
En la resolución, que no solamente lleva la firma de Alejandro Soto sino de sus vicepresidentes Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Rosselli Amuruz (Avanza País), se detalla que la Comisión Permanente tendrá estas atribuciones hasta febrero del próximo año. Y es que durante el interregno parlamentario, el Pleno ni las comisiones ordinarias, especiales e investigadoras se encuentran en sesiones.
Empoderamiento
Hay que recordar que a la Comisión Permanente se le ha buscado empoderar políticamente.
El 9 de mayo pasado, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen del proyecto de ley N° 04639 que modifica el artículo 115 de la Carta Magna para que este órgano del Parlamento ―compuesto por los integrantes de la Mesa Directiva y los voceros de las distintas bancadas― tenga la facultad de interpelar, censurar y negarles la confianza a los ministros de Estado.
Además, se incluyó que podrá revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario. En ese periodo podrá prorrogar, modificar o derogar de acuerdo con su reglamento.
Adicionalmente, este órgano del Poder Legislativo podrá requerir información de alguna institución pública y privada, y presentar demandas competenciales ante el Tribunal Constitucional. La propuesta provino de la bancada de Fuerza Popular.
Choque de fuerzas
Ahora bien, el problema del empoderamiento de la Comisión Permanente es que podría servirle a algunas bancadas, específicamente las de derecha, para imponerse y sacar adelante proyectos donde tengan claramente intereses.
Actualmente, la composición de la Comisión Permanente está de la siguiente manera: la Mesa Directiva está representada por Alejandro Soto (presidencia), Arturo Alegría (primera vicepresidencia), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País).
Luego, Fuerza Popular tiene cinco representantes con Martha Moyano, Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Alejandro Aguinaga y Juan Carlos Lizarzaburu.
Después está Perú Libre con los legisladores Margot Palacios, Isaac Mita, Segundo Montalvo y Jorge Coayla. Avanza País tiene su cuota con Patricia Chirinos y Diego Bazán. En tanto, Alianza para el Progreso colocó a Lady Camones, María Acuña y Eduardo Salhuana.
Renovación Popular acreditó a Jorge Montoya y José Cueto ante la Comisión Permanente. Mientras que José Luna y Francis Paredes están por Podemos Perú.
Wilson Soto y Hilda Portero son la voz de Acción Popular. De igual manera, Alex Paredes y Lucina Vásquez hacen lo propio por el Bloque Magisterial. Finalmente, Cambio Democrático cuenta con Nieves Limachi y Edgard Reymundo.
Unidad y Diálogo tiene a Esdras Medina como único representante.
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