
Ante los cuestionamientos por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, quien fue liberado previo a cumplir su condena de 25 años, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, insistió en que “jurídicamente” no es una exigencia que pida perdón a los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos.
“Una vez indultado tendrá que hacer lo que en consciencia considere que debe hacer. El perdón no es una exigencia jurídica. Sería lo ideal que todas las personas que han matado pidan perdón, no estoy en contra de eso, lo que yo digo es que si nos pusiéramos a exigirle a los miles de terroristas personas que han recibido indulto, el Perú no progresaría”, mencionó en diálogo con RPP.
Asimismo, calificó de “privilegiados” a los involucrados en las matanzas mencionadas por su exposición en la prensa. “No son solo las víctimas de La cantuta y Barrios Altos, son miles de familias, no me parece que tengan un privilegio por encima de los demás, en el sentido de que salen en medios de comunicación”, declaró.
Dichas declaraciones se dan ante su pedido por detener las críticas a la liberación del exdictador. “Si nosotros hemos decidido que lo que prima es la decisión nuestra es porque lo que tomó el Tribunal Constitucional el año pasado es cosa juzgada y era más protectora al derecho humano que en la que propone la Corte Interamericana. Entonces, en este caso [de Alberto Fujimori] a través de una supervisión de una sentencia que no es de un indulto, la corte no era competente y el Perú no está obligado a responder”, señaló a Latina Noticias.
“Estamos ante una persona que tiene 86 años y creo que es suficiente. No puede ser que entra, sale, entra y sale. Eso es inhumano, me parece”, agregó.
Rechaza solicitud de nulidad
En otro momento, se refirió a la carta enviada por el magistrado Manuel Monteagudo hacia el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, solicitando la nulidad del fallo a favor de la excarcelación de Fujimori Fujimori.
“[Monteagudo] Está equivocado porque nuestra decisión no tiene ningún signo o indicio de nulidad, ya que hemos actuado conforme está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y nuestras normas internas, pero en todo caso ese pedido se verá en el próximo pleno”, mencionó en RPP.

En el documento, el magistrado sostiene que el auto emitido por el TC el día 4 de diciembre de este año “incurre en una objetiva causal de nulidad al haberse pronunciado sobre un asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del Pleno”.
Asimismo, que en la primera disposición de este TC en la que se determinaba remitir los actuados al juez de Ica, la orden de pedirle al juez Fernández Tapia “para que proceda conforme a sus atribuciones”, respondía a un auto que, tanto para él como para Ochoa Cardich, correspondía a una posición “evasiva y poco responsable”.
“Aquella orden fue consecuencia, sencillamente, de la decisión adoptada por cuatro magistrados de no tomar ninguna posición acerca de tales implicancias. Fue por ello, justamente, que dos magistrados hicimos votos singulares ante una posición que se consideraba evasiva y poco responsable”, agregó Monteagudo en su solicitud.

Cabe mencionar que, de acuerdo al expresidente de la institución, Ernesto Blume, el magistrado estaría incurriendo en causal de vacancia al exponer las discrepancias con las conclusiones de sus colegas.
“Yo estuve ocho años y fui presidente dos. En este tiempo nunca vi que un magistrado que había hecho un voto singular reclamara porque no lo convocaran y cuestionara la decisión de la mayoría; por lo tanto, creo que hay un tema de mala información o desconocimiento, pero lo que sí me preocupa es que estos temas salgan a la luz pública porque deben tratarse dentro de la institución. O sea el magistrado que considera que debió convocarse a pleno debió plantear un pedido, pero esto no debió salir”, acotó.
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