El exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Jaime Villanueva, no solo reconoció ante la Fiscalía que, en efecto, coordinaba con congresistas por orden de la suspendida extitular del Ministerio Público para promover la elección del defensor del Pueblo, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según Hildebrandt en sus trece, Villanueva, ahora en condición de aspirante a colaborador eficaz, reveló que, por encargo de Patricia Benavides, también se comunicaba con fiscales de distintos niveles, magistrados y periodistas de algunos medios de comunicación.
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Para sustentar ello, el “filósofo” entregó su teléfono celular y los chats de “Signal”, plataforma de mensajería en el que la exfiscal de la Nación usaría el alias de “Vane” —probablemente un seudónimo creado a partir de las dos primeras sílabas del apellido Benavides— para no ser identificada.
La actuación del TC
El 28 de noviembre, un día después de que se reveló que Patricia Benavides lideraría una organización criminal y se efectuó la detención del exasesor Jaime Villanueva, el Tribunal Constitucional publicó una resolución que ordenaba a la Corte Superior de Ica ejecutar la sentencia que restituía el indulto al exdictador Alberto Fujimori. Ello en abierto desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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En entrevista con RPP el 29 de noviembre, el magistrado y presidente del TC, Francisco Morales Saravia, negó que su decisión haya buscado distraer a la población ya que el caso fue debatido y votado el 21 de noviembre.
Sin embargo, el juez de Ica, Fernando Fernández Tapia, no ejecutó la sentencia y devolvió el expediente al Tribunal Constitucional.
Los más de 900 folios llegaron oficialmente al TC el martes 5 de diciembre. Ese mismo día los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse elaboraron una nueva resolución en la que ordenaban al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) excarcelar a Fujimori.
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Es aquí donde el caso Fujimori se encuentra nuevamente con el caso Benavides. La referida resolución fue difundida en el portal institucional del organismo constitucional autónomo a la hora en la que iniciaba una audiencia judicial en la que participaría Jaime Villanueva, de quien ya se conocía que se había acogido a colaboración eficaz.
Ahí, Villanueva desistió de apelar su detención preliminar y confirmó que reconoció las conversaciones telefónicas. En la madrugada del día siguiente recuperó su libertad ya que el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder no solicitó prisión preventiva ni otra medida coercitiva en su contra.
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Demanda competencial
Patricia Benavides, cuando era fiscal de la Nación, presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para anular las investigaciones disciplinarias que le inició la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por remover a la fiscal que investigaba a su hermana Enma Benavides, la desarticulación del Equipo Especial Cuellos Blancos y las llamadas con el empresario Antonio Camayo.
La JNJ asegura que el verdadero objetivo de la demanda competencial es otorgar impunidad a Benavides Vargas. La audiencia del caso se llevó a cabo a inicios de noviembre y la causa quedó al voto. Poco más de un mes después, aún no se ha publicado la sentencia respectiva.
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