HRW respalda comunicado de la CIDH que rechaza liberación de Alberto Fujimori: “Fue una flagrante violación”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado contra la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori, pues es una forma grave de generar impunidad, y además enfatiza en que el Perú debe cumplir con las directivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Diversas organizaciones de derechos humanos y abogados expertos en la materia se han sumado al comunicado de la CIDH, y ponen énfasis en el llamado de atención al Perú. Excarcelar a Fujimori representa “una flagrante violación de sus obligaciones internacionales”, expresó César Muñoz, director de Human Rights Watch, a través de sus redes sociales. Puesto que el deber de las entidades del gobierno peruano es asegurar la justicia para las víctimas.

Abogados defensores de los derechos humanos también han difundido la decisión de la CIDH que desaprueba el indulto concedido a Fujimori, quien debía cumplir una pena de 25 años de prisión por su implicación en crímenes de lesa humanidad. Esta medida había sido adoptada anteriormente por el Tribunal Constitucional del país, pero enfrenta una contienda legal y ética significativa, dados los cargos por los que Fujimori fue condenado.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha reiterado la comunicación de la CIDH sobre la gravedad de conceder indultos o amnistías a individuos hallados culpables de serias infracciones a los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, argumentando que esto podría resultar en una severa forma de impunidad. La CIDH insiste en que las decisiones de la Corte IDH deben ser obligatoriamente acatadas por los estados miembros, como parte de sus compromisos internacionales.

Esto se debe a que el Estado peruano ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido la jurisdicción de la Corte IDH. La exigencia surge por la implementación del indulto a Alberto Fujimori, quien había sido condenado por crímenes de lesa humanidad y solo cumplió 16 de los 25 años de su sentencia.

En un comunicado, la CIDH subrayó las órdenes emitidas hacia el Estado peruano, incluyendo una resolución fechada el 5 de diciembre de 2023, mandando a abstenerse de implementar el mencionado indulto. Esta intervención refuerza la posición de la corte sobre las responsabilidades internacionales asumidas por Perú, haciendo hincapié en la protección de los derechos humanos y la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de los delitos cometidos durante la presidencia de Fujimori.

El llamado de la CIDH va dirigido a las autoridades de Perú para que tomen “medidas efectivas” que aseguren el cumplimiento de las decisiones de la Corte y que no se realicen acciones que vulneren el proceso judicial. Este pronunciamiento es parte del seguimiento que realiza el organismo a sus sentencias y medidas cautelares, las cuales poseen un carácter vinculante para los estados que han reconocido su jurisdicción.

Familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos han anunciado su decisión de demandar al Estado peruano ante la Corte IDH. Este anuncio se da luego del “irregular indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori”. La acción busca una respuesta internacional ante la medida que, según los familiares, vulnera su derecho a la justicia.

En palabras de Carmen Amaro, hermana de Armando Amaro Cóndor, una de las víctimas de La Cantuta, la lucha que han sostenido por más de tres décadas se funda en un principio incontrovertible, “Exigir justicia no es odio ni venganza, es un derecho”. Las declaraciones subrayan el compromiso de los afectados por buscar rectitud y honor para sus seres queridos, quienes fueron objeto de violencia durante el gobierno de Fujimori.