La presidenta Dina Boluarte pidió este miércoles la dimisión de la fiscal general, Patricia Benavides, implicada en una red criminal en la cúpula del Ministerio Público. “La fiscal de la Nación debe responder a esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días. Creo que ha perdido objetividad para que pueda continuar en el cargo”, dijo en una atípica comparecencia a la prensa en Chimbote, adonde llegó por una visita de trabajo.
Se trata del primer pronunciamiento enfático del Ejecutivo desde que fue denunciada la vinculación de la magistrada en una organización criminal que, según el Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop), influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas”.
Las declaraciones de la mandataria llegan dos días después de que se enfrascara en un choque inédito con Benavides, a raíz de esta investigación por la que Jaime Villanueva, su mano derecha, fue detenido durante la operación ‘Valquiria V’, efectuada por el Eficcop.
La diligencia se replicó con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada, quien horas después destituyó a Marita Barreto, jefa de este equipo fiscal, y grabó un pronunciamiento para señalar que fue víctima de un “ataque premeditado” y un “intento torpe” de los “poderosos que no quieren ser investigados”.
En ese mismo discurso, Benavides anunció que presentó una denuncia al Congreso contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, una acusación constitucional que también salpica a otros tres exministros del Interior que ocuparon esa cartera durante las protestas.
Boluarte arribó a Chimbote para entregar títulos de propiedad y participar de la ceremonia de la Marina de Guerra. En la misma intervención a la prensa, evitó pronunciarse sobre las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, quien indicó previamente que las autoridades “deben proceder a la excarcelación inmediata” del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó lo contrario el año pasado.
Morales hizo esta mención al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Esa gracia, otorgada el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteI DH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que el exdictador fue condenado a 25 años de prisión.
Además, en el despacho de uno de los investigados, Miguel Girao, se encontraron una serie de documentos rotos, entre los que se detalla un presunto borrador de la resolución de la destitución de Marita Barreto, cesada esa misma madrugada.
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