Sindicato de la Defensoría del Pueblo exige la salida e investigación a Josué Gutiérrez

Nuevamente, el titular de la Defensoría del Pueblo se encuentra en el ojo de la tormenta. En el marco del caso ‘La Fiscal y su cúpula de Poder’, en donde la titular del Ministerio Público es acusada de liderar una organización criminal que negoció, entre otros temas, la elección de Josué Gutiérrez, el sindicato de trabajadores de la institución exigió su salida como Defensor.

“Alzamos nuestra voz para manifestar nuestro absoluto rechazo frente a una situación que consideramos insostenible; exigimos al señor Josué Gutiérrez Cóndor que se aparte del cargo de Defensor del Pueblo y se someta a una investigación que, con las debidas garantías, establezca las responsabilidades a que hubiera lugar”, se lee en el comunicado.

De acuerdo al gremio, la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) confirmaría que la designación del titular del organismo “no solo se realizó en abierta oposición a lo dispuesto por el Poder Judicial y el propio Reglamento del Congreso, sin criterio de mérito ni la debida transparencia, sino que, además, habría respondido a componendas por intereses políticos y personales subalternos, especialmente encaminados a procurar el control de la Junta Nacional de Justicia y la protección de la actual Fiscal de la Nación”.

“La evidencia que sirve de fundamento a la investigación fiscal daría cuenta de que se trató de un nombramiento ilegítimo, viciado por los propósitos espurios de los congresistas y funcionarios que la impulsaron de manera contraria a los valores que deben guiar la elección”, agrega el documento.

Enfatizaron en que nunca “la titularidad de nuestra institución tuvo tal nivel de cuestionamiento legal, social у principalmente ético, tanto frente a las demás instituciones de la administración pública como frente a la ciudadanía en general y a los propios trabajadores y trabajadoras de la institución”.

Asimismo, invocaron al Congreso de la República a archivar el cuestionado proyecto presentado por Gutiérrez, en el que plantea modificar la Ley de la Junta Nacional de Justicia para que el secretario técnico de la Comisión Especial encargada de nombrar a los nuevos miembros de dicha entidad, fuera personal de confianza designado por el Defensor del Pueblo.

Además, que el vencimiento de su cargo sea cuando el Poder Legislativo elija a su sucesor y que, dentro de sus funciones, se encuentre el designar a sus adjuntos, los cuales ya no ingresarían a través de un concurso público, sino por decisión de él.

En ese sentido, el sindicato invocó al pleno del Congreso que “adopte las medidas que correspondan para enmendar el error cometido durante el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo”.

Al cierre de esta nota, Gutiérrez se ha mantenido en silencio. No obstante, su equipo de prensa adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa este martes 28 de noviembre a las 08:15 horas, a fin de responder “a todas las observaciones formuladas en relación con su designación en el cargo”.

¿Qué dijo la Fiscal de la Nación?

Luego de varias horas, la titular del Ministerio Público dio un pronunciamiento en el que rechazó las acusaciones en su contra y descartó renunciar a su puesto. Agregó que todo se trata de una represalia por la “investigación de casos de máxima relevancia en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”.

“No permitiré que esa presión dañe e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, acotó rodeada de fiscales provinciales y solo dos superiores.

Asimismo, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y exministros de Estado por las muertes en protestas antigubernamentales.

“No se debe permitir la muerte de ningún peruano y el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y la ley”, sentenció.