La historia política y civil del Perú ha estado marcada por diversos hechos que han dejado huella a lo largo de toda su vida republicana. En especial, lo vivido en el siglo XX en el que nuestro país ha visto más de un golpe de Estado que le cambió la vida.
Justamente en el último de nuestra historia, el perpetrado por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, el desenlace pudo ser diferente, pero por cosas del destino, y detalles que vamos a ir descubriendo en esta nota, se tuvo que esperar hasta el año 2000 para volver a la democracia tal y como la conocemos hoy. Así fue como se desarrolló el intento de contragolpe liderado por un grupo de valientes militares, entre ellos, el general Jaime Salinas Sedó.
Antecedentes: se va la democracia
Tras el autogolpe perpetrado por el presidente Fujimori el 5 de abril de 1992, respaldado por las Fuerzas Armadas, el nuevo régimen, conocido como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, intervino y disolvió instituciones democráticas, justificándolo con argumentos como el bloqueo parlamentario, la ineficacia judicial y la amenaza terrorista de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA.
Este nuevo régimen consolidó su poder luego de la exitosa captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y la represión política a la oposición. La convocatoria del Congreso Constituyente Democrático disipó las presiones de la OEA respecto al atropello a la legalidad democrática que se llevó a cabo.
El plan principal
Los militares sublevados, liderados por Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Ernesto Obando Salas, planearon una operación basada en el derecho a la insurrección consagrado en la Constitución de 1979.
El plan consistía en arrestar a Fujimori, al jefe militar Nicolás Hermoza Ríos y al asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Sin embargo, el 12 de noviembre, la trama fue descubierta, y las operaciones se cancelaron.
Fujimori se refugió en la embajada de Japón y ordenó la detención de los 25 conspiradores de alto rango, algunos de los cuales sufrieron tortura y detención ilegal.
Planes Interrumpidos
De acuerdo con el portal de IDL, a las 9 de la noche del 12 de noviembre de 1992, el general Salinas Sedó salió de su escondite en el séptimo piso de un edificio en la cuadra ocho de Camino Real (San Isidro). Siete meses después del autogolpe, se preparaba para liderar una acción militar destinada a reconquistar la democracia.
Salinas y otros conspiradores, como el presidente del Senado, Alberto Borea, habían organizado desde junio de 1992 la operación para derrocar la dictadura de Fujimori y Montesinos. El plan, que debía ejecutarse a las tres de la madrugada del 13 de noviembre, implicaba la captura de Fujimori, Hermoza Ríos y la neutralización de Montesinos.
Dos informantes clave, José Graham Ayllón y Augusto Vargas Prada, alertaron a las autoridades sobre la conspiración. Graham Ayllón, visitado por Salvador Carmona el 10 de noviembre para unirse a la conspiración, informó a Hermoza Ríos sobre los planes. Vargas Prada, otro conspirador, reveló la trama al contralmirante José García Castaños.
La información llegó al Comandante General de la Marina, Alfredo Arnaiz, a través del contralmirante Carlos Valdez de la Torre. Las fuerzas de choque militar dirigidas por el general Luis Pérez Documet se movilizaron para capturar a los conspiradores.
Todos cayeron el 13 de noviembre
En las primeras horas de ese día, el general Salinas Sedó estaba por retirarse del taller de Carmona, pero justo en ese instante comenzó la balacera. A pesar de que logró escapar, prefirió entregarse en la comandancia general del Ejército.
La información sobre la debelación se difundió temprano, y en el departamento de Camino Real, el equipo encargado de preparar decretos y comunicados quedó atrapado.
Sin teléfono ni comunicación, buscaron escapar, y Carmona, escondido entre las llantas, logró comunicarse con Vera Gutiérrez para informarle sobre la situación. Los conspiradores escaparon aprovechando una puerta falsa.
Todo tiene consecuencias
Para marzo de 1993, los veinticinco militares conspiradores fueron condenados a ocho años de prisión por rebelión e intento de homicidio contra Fujimori. En mayo, once de ellos fueron indultados, y los demás cumplieron su sentencia hasta beneficiarse de la Ley de Amnistía de 1995.
En 2004, el Congreso ascendió a los militares condenados. La anulación de sus sentencias en 2010 fue interpretada como una reivindicación de la acción militar.
Las lecciones que dejó
Aunque el intento de contragolpe en 1992 no logró su objetivo, marcó un hito en la resistencia contra el régimen autoritario de Fujimori. La sociedad peruana, con una democracia debilitada, vio en estos militares sublevados un intento de restaurar el orden constitucional.
El contragolpe resalta lo complejo que era la política peruana en los años 90, donde las instituciones democráticas se debilitaron, pero surgieron intentos internos de restaurarlas.
Aunque fallido, el episodio tuvo implicaciones a largo plazo en la percepción de la población sobre la democracia y la resistencia contra regímenes autoritarios.
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