Apunte sobre la justicia por mano propia

La historia de los linchamientos ―o ajustamiento popular— en el Perú es de largos años y se presenta en diversas zonas del país. No hay una estadística exacta, pero solo esta semana hubo al menos cuatro casos. Como no se sienten seguros ni representados por nuestras autoridades, los ciudadanos y ciudadanas se agrupan para defenderse de extorsiones, secuestros y de constantes robos y asesinatos. Toman justicia (o tratan de hacerlo) por sus propias manos.

De hecho, la región presenta una preocupante tendencia de este fenómeno frente a atracos callejeros, extorsiones y crímenes. Según el Barómetro de las Américas, nuestro país ocupa el tercer lugar en el mundo, con un 40.6%, en aprobar la justicia por mano propia.

Es una realidad que está presente no solo en el ámbito rural, sino también ―y ahora más que nunca— en el ámbito urbano. Se deben a varios factores; principalmente, el descontento de nuestros pobladores respecto al ineficiente trabajo del sistema judicial y la Policía Nacional (PNP), instituciones que no garantizan la seguridad de la población ante actos delictivos y violentos, por lo que han perdido legitimidad.

Por otro lado, la corrupción y negligencia de algunas autoridades que existe al interior de los operadores de justicia acrecienta la desconfianza, una situación que motiva a que los pobladores, de una forma espontánea, se agrupen y tomen la justicia por sus manos, atacando a los delincuentes y algunas veces ocasionando la muerte. Aunque estos actos de linchamiento se realizan de forma extralegal e ilícita, debilitan nuestras instituciones democráticas. No obstante, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley ante actos de extorsión y delincuencia pierden legitimidad cuando la población no confía en sus acciones.

Cabe resaltar que estos actos tienen el respaldo de una gran parte de la población, ya que la sensación de inseguridad ciudadana es alta. Por otro lado, no existe un Plan de Seguridad Ciudadana anual, sino cada 5 años. Se requiere que se vuelva a la convocatoria de un Plan anual con el concurso de todas las autoridades involucradas para que se cumplan metas por año y que no solo quede escrito en el tintero.

El actual ministro del Interior, Vicente Romero, habló de la formación de tres nuevos equipos, cuyo principal objetivo es la desarticulación del crimen organizado. Este trabajo será articulado con el Sistema Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec), los gobiernos locales y regionales, y el sistema judicial peruano.

Esperemos que ahora sí puedan trabajar de una manera planificada e integral en las que se diseñen Planes y estrategias de seguridad ciudadana, cuyas políticas públicas sean articuladas y con suficiente presupuesto para poder revertir las altas tasas de criminalidad y extorsión que existe en nuestro país. Será un trabajo arduo, pero necesario para poder recuperar la seguridad del país y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades que velan y garantizan los derechos de todos y todas.