Despacho Presidencial estaría usando resoluciones derogadas de SERVIR para contratar personal, según Contraloría

Una nueva irregularidad salpica al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien viene siendo investigada por la Fiscalía de la Nación a raíz de las más de 60 muertes registradas en las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de este año.

Un informe de control simultáneo de la Contraloría general de la República publicado el 8 de noviembre pasado, al que Infobae Perú accedió, revela cómo se estarían dando las contrataciones de personal en el Ejecutivo.

Según el documento, el Despacho Presidencial estaría usando resoluciones derogadas por la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en marzo de este año para las convocatoria de servidores públicos.

“El Despacho Presidencial viene amparando sus concursos de personal en resoluciones de Presidencia Ejecutiva de SERVIR que se encuentran derogadas, lo cual podría afectar el normal desenvolvimiento de las convocatorias, vulnerándose los principios que rigen la contratación de personal, más aún cuando se trata de resoluciones que regulan la elaboración de perfiles de puestos”, se lee.

La entidad fiscalizadora halló que Palacio de Gobierno hizo esta acción irregular en los procesos CAS N° 011-2023-DP y CAS N° 012-2023- DP, donde se requería los servicios de un especialista de presupuesto y un médico ocupacional.

En estas convocatorias se usó un anexo cuyo título es “Formato de Perfil de Puesto”, que fue incluida en la Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas publicada el 29 de diciembre del 2019.

Además, la Contraloría encontró que el Despacho Presidencial consigna un cuadro de factores de evaluación y subfactores, que contiene los puntajes mínimos y máximos por cada etapa que podría “afectar el principio de idoneidad y merito”.

A modo de conclusión, el organismo de control concluye que lo hallado en la modalidad de contratación del Despacho Presidencial “pone en riesgo la legalidad de los concursos públicos de méritos y procesos de contratación administrativa de servicios” y también no garantiza los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades.

Se recomendó que este informe pase a conocimiento del secretario general, Ernesto Vílchez, quien deberá comunicar las acciones que se tomará ante la Oficina de Control Institucional en un plazo de cinco días hábiles.

No registran a los consultores

Hay que precisar que Infobae Perú también publicó en setiembre pasado que el Despacho Presidencial no habría registrado los contratos de 18 consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), quienes percibieron salarios entre ocho a quince mil soles, en los primeros cinco meses de este 2023.

La lista de nombres son las siguientes: Juan Sánchez Galloso, Carmen Giordano Velásquez, Giovanna Díaz Revilla, Sandra Manrique Becerra, Liliana Marchena Reátegui y Franco Dávila Gálvez.

Además se encuentra en la nómina: Joel Bolivia Revolledo, Teresa Velásquez Bracamonte, Rafael Porta De la Cruz, Víctor Ayasta Muro, Walter Iberos Guevara, María Pineda Ramírez, Carla Estela Nalvarte, Bryan Narvaez Carrasco, César Borda Gonzáles, Valeria Morales Becerra, Roxana Mayorga García y Francisco Gavidia Arrascue.