El Ministerio Público abrió este miércoles, de manera exprés, una investigación preliminar contra tres jueces de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia, quienes resolvieron suspender provisionalmente el proceso abierto por el Congreso para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según el documento difundido por Canal N, los magistrados Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich son imputados por presunto abuso de autoridad y prevaricato a raíz de una denuncia interpuesta horas antes por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).
La Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Miguel Vegas Vaccaro —designado por la fiscal general, Patricia Benavides—, estableció 60 días de plazo para las diligencias preliminares. En el proceso intervendrá el procurador del Parlamento, Manuel Peña.
A través de un comunicado, la JNJ aclaró que Paredes Flores, juez ponente, fue ratificado en 2022, mientras que los otros dos magistrados “no se encuentran en la relación de convocados para ratificación este año”.
Para Chirinos, la decisión de la sala es “abusiva” e interfiere en competencias “exclusivas” del Congreso. “He denunciado a los magistrados [...] por haber ejercido de manera arbitraria la función de administración de justicia, menoscabando las competencias que la Constitución le reconoce al Parlamento”, escribió al publicar el documento que requería a Benavides disponer la actuación de diligencias preliminares.
El inicio de la investigación se hizo pública minutos después de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, aplazara la sesión plenaria prevista para esta jornada, en la que se iba a debatir la destitución de los integrantes de la JNJ.
”Se reprogramará la citación oportunamente en estricto respeto al debido proceso y a la legalidad que rigen todos los actos parlamentarios, así como en observancia de los procesos legislativos sobre el tratamiento de similares materias. Por tanto, se levanta la sesión”, dijo después de anular una apelación a la decisión judicial.
En la misma sesión fue leída un acta enviada por los juristas de la JNJ para notificar que, ante la disposición de la Corte Superior de Justicia de Lima, quedaban “impedidos” de acudir a la cita acordada por la Junta de Portavoces, que desacató el fallo.
“La lógica de asumirse un poder absoluto, es un claro ejemplo de una dictadura congresal. Las decisiones judiciales se cumplen, estemos o no a favor”, cuestionó la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú).
“Una Fiscalía ágil para sumarse al eco de la arbitrariedad parlamentaria y silenciar a los jueces que actúan en el marco de sus competencias. Mientras que en otros casos, ya sabemos cómo responde. La denuncia de Chirinos debió ser rechazada de plano”, señaló sobre la pesquisa exprés.
En la víspera, el titular del Parlamento se había declarado en desacato a la resolución judicial. “Rechazamos la decisión de la Tercera Sala Constitucional de conceder una medida cautelar a los miembros de la JNJ. El equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la democracia”, señaló en un pronunciamiento.
La Junta tiene una investigación sumaria abierta por presunta “causa grave”, que ha sido criticada por organizaciones como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watch (HRW), al considerar que amenaza la independencia de poderes.
Ante la vicisitud política, la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, llamó a la mandataria Dina Boluarte a convocar un Consejo de Estado, que tiene como objetivo discutir temas de alta urgencia.
“Señora presidenta, lo hizo antes cuando asumió el mandato, hágalo ahora. Quienes integran [el Consejo] pueden solicitarlo, es vuestra responsabilidad encontrar caminos comunes de solución a esta crisis que nos afecta a todos los peruanos y peruanas”, zanjó.
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