Congreso deberá suspender investigación contra la JNJ: PJ concede medida cautelar

A un día del debate y votación del informe de la Comisión de Justicia que plantea la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, los jueces superiores de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenaron la paralización de la investigación en contra de los magistrados.

“Se dispone suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia les formulara a los demandantes como parte del inicio de la investigación sumaria que le fuera encargada mediante la aprobación de la Moción de Orden del Día N° 7565 y todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma”, se lee en la resolución.

Asimismo, se menciona que dicha decisión “tendrá vigencia hasta que se resuelva el proceso principal”, referido a la acción de amparo presentada por la JNJ, “y sin perjuicio de las investigaciones o procedimientos parlamentarios que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro”.

De esta manera, Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Avila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán, no deberán acudir ante el grupo de trabajo parlamentario.

Incluso, a través de un comunicado, la JNJ adelantó que acatarán la resolución, “pues el respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales es una exigencia ineludible de un estado de derecho”.

No obstante, la Junta de Portavoces, reunida en la Sala Grau del Congreso de la República, acordó desconocer la resolución y continuar con la sesión plenaria convocada para el miércoles 8 de noviembre a fin de abordar el caso de la JNJ.

Cabe mencionar que ello contravendría el artículo 139 inciso 2 de la Constitución, el cual señala que “ninguna autoridad puede dejar sin efecto sentencias”.

Alejandro Soto rechaza decisión del Poder Judicial

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, publicó un comunicado en rechazo a la decisión adoptada por los Jueces Superiores de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Asimismo, en tono amenazante, responsabilizó a la sala “de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro”.

¿Qué decía el informe de la Comisión de Justicia?

Primero, que “no cumplieron con su deber de imparcialidad” al sacar un pronunciamiento en relación con el caso de la inhabilitada exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, “toda vez que, el comunicado escrito, colgado y difundido es un documento público que versa sobre un caso que se encontraba en proceso en otro fuero”.

Segundo, que incumplieron el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú que está referido a la edad legal para ser miembro de esta entidad; “debido a que, según la exposición de motivos de la ley de reforma constitucional de dicho artículo, la interpretación de dicha disposición se refería a una edad para la permanencia en el cargo y no solo como requisito para postular”.

Tercero, que “no cumplieron con su deber constitucional y su propia ley orgánica” al no presentar un Informe Anual al Pleno del Congreso de la República de manera oportuna.

Por lo expuesto, concluyeron que se “debe proceder conforme al artículo 157 de la Constitución” en el caso de todos los magistrados.

¿Qué pasaría si los miembros son destituidos?

El Congreso no puede desconocer la resolución de la Corte Superior de Justicia, pero de rechazarse la acción de amparo y dar luz verde para remover al Pleno de la JNJ, los distintos procesos quedarían paralizados.

En la actualidad, la JNJ tiene procesos de convocatorias para la selección de jueces y fiscales titulares, evaluación y ratificación de 300 magistrados y procesos de evaluación parcial de desempeño de 54 jueces y fiscales.

Además, se conoce que 136 postulantes de las convocatorias 003,004, 005 y 006, que se reanudaron luego de que quedaran en suspenso tras la desactivación del ex Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2018, serían parte de los afectados.