La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República se encuentra preparando un nuevo blindaje político en contra el cuestionado excongresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. El grupo parlamentario ya ha elaborado un informe final respecto a la acusación constitucional contra el investigado, a quien se le sindica de fungir como el “brazo político” en la organización criminal llamada como “Los Temerarios del Crimen”.
El inicio de las investigaciones contra Becerril en el fuero parlamentario dieron inicio el pasado 6 de julio del 2020, cuando la ahora destituida exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el legislativo dos denuncias constitucionales contra Becerril. Según el Ministerio Público de aquel momento, Becerril fue acusado de haber cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, y cohecho pasivo impropio.
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Pese a todas estas acusaciones, el informe final de la SAC sobre el caso del fujimorista al que el medio La República tuvo acceso, detalla una posición discordante con el desarrollo de las investigaciones de Becerril. En el documento, que fue elaborado por el congresista José Jerí Oré, de la bancada de Somos Perú, concluyó que las investigaciones empezadas por el Ministerio Público no tenían un sustento fehaciente en el que basar sus acusaciones.
Según este informe, que finalmente se ha elaborado, luego de más de 3 años; “la Fiscalía partió de una serie de elementos de convicción que sostuvieron una sospecha inicial simple, los cuales luego de la realización de las diligencias preliminares, no pudieron ser corroborados”. En conclusión, Jerí Oré sostuvo que las acusaciones “no tenían el peso suficiente para iniciar una investigación”.
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“No pudiendo obtener indicios reveladores ni mucho menos, medios probatorios fehacientes que aluda la existencia de los delitos que se le imputan al denunciado y que permitan concluir que hay mérito para habilitar al Ministerio Público y al Poder Judicial para que estos continúen el proceso penal respectivo”; dicta el documento que deja por fuera las acusaciones contra Becerril, luego de tres años de haber estado encarpetado.
Las consecuencias del informe que blinda a Becerril
A este planteamiento, que echa por fuera cualquier nexo entre Becerril y la organización criminal en la que se contempla la participación de un grupo de alcaldes de la localidad de Chiclayo; se conlleva una precisión complementaria que podría afectar el desarrollo de las investigaciones en contra del excongresista de Fuerza Popular.
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En las conclusiones del informe final de 220 páginas de Jerí Oré, el cual fue presentado el pasado 16 de octubre del 2023, el legislador de Somos Perú “recomienda el archivamiento de la presente denuncia”; el cual será sometido a votación en la próxima sesión de la Subcomisión.
La decisión en favor del archivamiento podría ser crucial, pues no solo impide que las investigaciones de la Fiscalía sigan avanzando; sino que también desvirtúa cualquier pesquisa que se haya iniciado en el fuero penal, impidiendo que se formalice investigación alguna. Pese a que en el informe de Jerí se precisa que la misma Fiscalía “advirtió el interés de Becerril por no colaborar con la justicia”.
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Héctor Becerril y su injerencia en el caso “Temerarios del Crimen”
Según las acusaciones que Ávalos dio en su momento como fiscal de la Nación en sus investigaciones por el caso en el que se implica a Becerril, entre las acciones delictivas que se le imputa el haber gestionado la asignación presupuestal dirigida para la organización criminal de los “Temerarios del Crimen”.
La denuncia planteada concibe que Becerril habría pedido al alcalde de Allaucama que pague un monto de S/248 millones 565 soles, consignados como una deuda con la empresa Red Medical Dental & Business EIRL; la cual era propiedad de su hermano, Segundo Becerril. El beneficio de Allaucama por pagar este monto era la gestión de un proyecto de saneamiento en favor del municipio, del que está a cargo el alcalde Pedro Salguero Dulanto.
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