La ignorancia es atrevida

En un mundo moderno, donde la competitividad determina el posicionamiento de las personas y empresas en los negocios o industrias en las que se desempeñen, resulta curioso que aún existan personas, grupos económicos y políticos que, en lugar de promover mejoras en el ambiente de negocios, optimización de procesos administrativos, reducción de costos laborales, o desarrollo de infraestructura en general, soliciten exoneraciones tributarias como incentivos para el desarrollo de la industria nacional.

En setiembre último, se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley N° 5892/2023-CR-Nueva Ley de Industrias, donde se plantean exoneraciones tributarias para actividades económicas particulares, argumentando (débilmente) que estas han sido aplicadas en países desarrollados como Corea del Sur y Singapur, así como en el Perú para el caso de la agricultura.

Lo que ignoran los promotores de este proyecto es que para hacer una selección de actividades que gozarían de beneficios, se debió hacer un análisis técnico a partir del cual se determine aquellas industrias en las que actualmente presentaríamos ventajas comparativas. Existe mucha literatura económica que muestra que las políticas industriales dirigidas a industrias particulares están altamente correlacionadas con las ventajas comparativas de dichas industrias, y no elegidas a dedo.

En el caso del agro peruano, ignoran que, además de ser un país con características idóneas para desarrollar la industria de alimentos, y que la, hoy derogada, Ley de Promoción Agraria ofrecía beneficios tributarios y depreciación acelerada de activos, también otorgaba la posibilidad de contratar temporalmente, algo que ha sido reconocido por los principales actores del sector como la piedra angular de la normativa. Es decir, la flexibilidad para contratar personal, que se asocia directamente a costos laborales, sería un determinante significativo para el desarrollo de negocios e industrias, pero que se ignora completamente en el Proyecto.

Además de lo anterior, también ignoran que los incentivos tributarios en nuestro país no han servido para conseguir el desarrollo de industrias. Por ejemplo, el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que gestó la creación de parques industriales, mediante la atracción de inversiones y fomento a la industria, a partir de beneficios en materia tributaria, aduanera y logística, no ha tenido éxito alguno. Según cifras de la Sunat, las exportaciones vía ZEE solo representan un 0.11% del total de nuestros envíos al mundo, participación que poco o nada ha variado en el tiempo.

Otro ejemplo es el caso de la Amazonía peruana, pues ignoran que mediante la Ley N° 27037 se establecieron beneficios tributarios como mecanismos de atracción de la inversión privada: reducción del Impuesto a la Renta y exoneración del IGV, y que ha sido un fracaso. Según datos del INEI, casi un 40% de la población de Loreto se encuentra en condición de pobreza; y, de acuerdo con estimaciones de ComexPerú, el 58.6% mantiene una de pobreza multidimensional; es decir, 3 de cada 5 loretanos carece de al menos un servicio básico que le asegure una calidad de vida digna.

Un elemento adicional que trae consigo el Proyecto es el de promover el uso de materias primas, insumos o bienes nacionales, de manera que aquellas empresas que los utilicen se vean beneficiadas tributariamente, poniendo en desventaja a aquellas que utilicen productos extranjeros en su proceso productivo. Así, ignoran que esto contravendría normativas como la Constitución o TLCs suscritos por el Perú, donde se asegura el trato nacional igualitario.

Al respecto de lo anterior, quienes plantean esta medida también ignoran que limitar las importaciones o el uso de materia prima extranjera no incentivaría el desarrollo de una adecuada política industrial. Ejemplo de lo anterior se grafica claramente en la fallida Política de Industrialización por Sustitución de Importaciones de los años sesenta. Esta solo trajo beneficios para unos cuantos empresarios, en perjuicio de productos con mayores precios y de menor calidad para los consumidores.

Los promotores de este Proyecto deben tener cuidado. Hacer políticas públicas con ignorancia se prestaría a malinterpretaciones. Iniciativas de este tipo deberían ser analizadas a profundidad, compartidas con principales actores y organismos del sector público, privado y academia, antes de presentarse como una alternativa para el desarrollo.