Un testigo protegido detalló, ante la Fiscalía especializada contra el crimen organizado, que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, tendría una operadora en la sombra que, además de encargarse de la reventa de entradas para los partidos de la selección, estaría implicada en la venta irregular de uniformes del conjunto nacional.
Según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece, la declaración fue tomada el pasado 19 de abril y expuso nuevas oscuridades en torno a la gestión de Lozano, como los contratos televisivos para la transmisión de los partidos de la Liga 1 y el uso indebido de las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna).
Además, está incurso en una tercera causa por presunta organización criminal, en Lima. El fiscal Juan Orihuela, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, lo investiga por aprobar la entrega de 250 mil soles mensuales a una asociación, dos clubes y equipos de la segunda división.

Según la tesis fiscal, los pagos se habrían aprobado para ganarse los votos de la dirigencia de estos equipos en la Asamblea de la FPF, conformada por 67 representantes. “Al tratarse de una asociación sin fines de lucro, la FPF no puede decidir por sí misma repartir utilidades entre sus miembros. Eso es ilegal”, dijo una fuente a la revista de investigación.
Según Óscar Romero, representante de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), en octubre del 2021, Lozano cambió la forma de voto en la asamblea. Le dio 20 votos a la primera división, 10 a los clubes de segunda y luego aumentó a 25 los votos de los clubes departamentales. “Con eso tiene mayoría asegurada”, dijo.
“Se contrató a una empresa con capitales chilenos denominada ‘Prisma’ para la realización de la licitación de los derechos televisivos de los clubes y esta empresa iba a percibir el 17% del monto total de la empresa ganadora. Dicha licitación quedó desierta y de un momento a otro apareció la empresa ‘1190′, la cual propuso un nuevo modelo donde ellos se quedaban con el 30% de las ganancias (...). Llama la atención que de un momento a otro ‘1190′ también se encargó de la comercialización y marketing de la FPF”, señaló.

En otro momento, mencionó que la Videna estaba ocupada por trabajadores administrativos de la FPF. “Están viviendo en dichas instalaciones, lo cual imposibilita que los jugadores de fútbol puedan concentrar ahí, al igual como con equipos del exterior (...) Es por ello que la FPF hace gastos extras para llevar a dichas delegaciones a hoteles fuera de la Videna”, deslizó, según el documento expuesto en Hildebrandt en sus trece.
De igual modo, contó que, por orden del directivo, habría una persona encargada de revender entradas para los partidos de la selección, y que esta misma “trabajadora” lideraría un negocio con la venta de uniformes que los seleccionados no emplean en los partidos.
En mayo pasado, durante un segundo allanamiento, la Fiscalía encontró a vecinos de Chongoyape alojados en la residencia para deportistas. Uno era Víctor Lossio Cherres y el otro, Manuel Barrantes Díaz, según actas de la diligencia publicadas por Panorama.
Lozano fue alcalde de Chongoyape de 2011 a 2018, en dos periodos consecutivos. En septiembre de 2022, el Ministerio Público anunció que dispuso formalizar una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito ante la “sospechosa e injustificada” alza de su patrimonio cuando ejerció ese cargo.

El último lunes, el fiscal superior Javier Quiróz, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, declaró la nulidad de una disposición que impedía iniciarle un proceso penal por lavado de activos. La disposición fue tomada en respuesta al recurso de elevación interpuesto por el procurador anticorrupción Miguel Sánchez y la ADFP contra la orden que emitió en julio pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe.
Quiróz invocó a la fiscal proceder “de forma célere emitir una nueva” resolución bajo las observaciones formuladas, cumplir con las directivas de la Fiscalía de la Nación y actuar con “más celo en sus funciones” con relación al caso. Pese a esta reciente acción fiscal, Lozano sigue al frente de la FPF.
“La ‘idoneidad’ es un apartado en la reglamentación de FIFA en la que ningún dirigente de fútbol puede trabajar en una federación si no cumple determinados requisitos (...) Por ejemplo, no puedes tener ninguna vinculación económica con una casa de apuestas y no puedes tener ninguna causa abierta con la justicia de tu país. Ahí se cae Agustín Lozano (...) Existe la posibilidad de que la FIFA no esté enterada de (su) historial porque la Conmebol lo esconde”, zanjó.
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