Ana María Choquehuanca nombró a funcionario que es procesado por recibir remuneraciones irregulares en entidad adscrita al Midagri

A pesar de que el primer ministro Alberto Otárola señaló ayer que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no se parecía en nada al de su predecesor Pedro Castillo, que estuvo salpicado por malos nombramientos de funcionarios y actos de corrupción, la realidad resulta otra. Infobae Perú detectó que en algunos sectores se siguen poniendo a servidores con cuestionables antecedentes.

Ayer apareció en el diario oficial El Peruano que la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, nombró a Alberto Maurer Fossa como director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción. Según su hoja de vida se destaca que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y Ph. D. en genética por la Universidad de Missouri (Estados Unidos).

Además, Maurer se desempeñó como viceministro de Políticas Agrarias y presidente del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Precisamente, su permanencia en esta entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entre el 3 de noviembre del 2014 al 8 de febrero del 2017, lo ha llevado a que esté comprendido en un proceso ante el Poder Judicial.

El Cuarto Juzgado Civil de Lima Norte, a cargo del magistrado Milko Ruben Sierra Asencios, lo tiene como demandado en el expediente 03215-2022-0-0901-JR-CI-04 junto a otras 23 personas por daños y perjuicios en agravio del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

La inclusión de Alberto Maurer Fossa en el proceso del Poder Judicial se debe a un informe de la Contraloría general de la República que halló que hubo pagos excesivos en compensación económicas, liquidación de beneficios y compensación por tiempo de servicios a favor de cuatro extitulares del INIA sin contar previamente con el decreto supremo que apruebe el incremento y cuya consecuencia fue un perjuicio económico para la entidad en S/ 1 056 825 52.

Según el documento 001-2022-2-0058, la Unidad de Recursos Humanos del INIA remitió que a Maurer le correspondía un salario de S/ 7 900. Sin embargo, la entidad fiscalizadora verificó las planillas de pago de noviembre y diciembre del 2014, donde se constató que Maurer percibió remuneraciones de S/ 21 000 y S/ 22 500, respectivamente.

“Es decir, un incremento mensual no aprobado dentro del marco legal vigente de S/ 13 100 y S/ 14 600, respectivamente, lo que representa un pago irregular de S/ 27 700, por los meses antes indicados”, se lee en el documento.

Además, se enfatiza que el INIA no contaba con un presupuesto para que apruebe el pago del monto de remuneración mensual del jefe del INIA de S/ 17 500 o S/ 22 500 durante el 2014. Cabe precisar que Maurer no fue el único que percibió salarios de manera irregular. También se anota que Roberto Santos Gueudut percibió S/ 28 800 sin que le debía corresponder.

Sin embargo, la Contraloría halla también que Maurer recibió de noviembre del 2014 a febrero del 2017 otros beneficios como el pago total de la compensación económica, liquidación de beneficios sociales y pago de la CTS en el banco que llegó a la suma de S/ 529 104 88.

Por esta razón, la entidad concluye que Maurer tiene presunta responsabilidad civil al igual que otras 23 personas comprendidas en el informe. Ante esta situación, el funcionario solicitó al Instituto Nacional de Innovación Agraria para acceder al beneficio de defensa legal en el proceso civil que se le sigue en el Poder Judicial, lo cual le fue aceptado.