El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, defendió este lunes al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, luego de la difusión de un correo electrónico enviado desde su despacho a una de sus amigas, Yazire Pinedo, con quien se había reunido previamente.
El mail, publicado por Panorama, fue remitido en enero pasado por un analista de mercado de la oficina de abastecimiento de la PCM, contenía una oferta de trabajo y requería a la allegada, entre otros documentos, adjuntar una propuesta económica y un currículum documentado. Para Arana, detrás de ese mensaje no hay ningún caso de corrupción.
Según el dominical, la PCM solo envía este tipo de mensajes a profesionales de “alto perfil” para establecer contratos especializados. “El premier ha rechazado que exista algún tipo de contrataciones [...] o tuviera alguna irregularidad que afectara el erario nacional. Este Gobierno no admitirá ningún caso de corrupción. No hay ningún caso de contratación irregular; en todo caso, nos sometemos a las investigaciones que se desarrollen”, agregó.
Previamente, el jefe del gabinete había cuestionado las solicitudes de la prensa para conocer información al interior del Estado, “un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios”. Consultado sobre estas declaraciones, Arana descartó que Otárola haya deslizado una limitación a la libertad de expresión.
“Ni el Gobierno o los ministros podrán limitarla. Sin embargo, su investigación está siendo publicada, transmitida a los medios. Lo que se evidencia con esta filtración que se hace indebidamente es para perjudicarlo política y mediáticamente, porque lo que interesa es el resultado de la investigación y no por partes. Esto no es una novela que se tiene que leer por capítulos o cada declaración”, consideró.
“Los ministros tenemos bien claro qué hacemos, que podemos hacer y qué no podemos. Rechazamos categóricamente cualquier insinuación respecto a actos de corrupción. […] Ustedes podrán encontrar quizá algunos excesos de funcionarios públicos, pero en estos 10 meses y algo más de gobierno, no existe ningún acto de corrupción del Gobierno que encabeza Dina Boluarte”, anotó en una rueda de prensa.

El jueves pasado, la Fiscalía lo centró en una investigación, esta vez por la presunta comisión de un delito de corrupción en la contratación de otra de sus allegadas, Rosa Rivera, en la organización que se dedica a elaborar estrategias en la lucha contra las drogas (Devida).
Pinedo, en tanto, mantuvo una cita con el político cuando aún era ministro de Defensa, cargo que solo ocupó 11 días, y semanas después obtuvo órdenes de servicios estatales por un valor de 53.000 soles.
Otárola, investigado también por las muertes en protestas, se ha anticipado con un pedido si el caso motiva una nueva pesquisa en su contra. “Si se van a abrir carpetas fiscales, deben respetar el principio de la reserva. No vamos a tolerar que se convierta en un circo y que todas las carpetas sean filtradas para hacer un cuestionamiento público, cuando el camino más correcto es a través de la rendición de cuentas”, zanjó.
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