Más de mil directivos públicos que no cumplían con requisitos mínimos de experiencia laboral y formación educativa fueron designados en cargos de confianza en municipalidades distritales y provinciales. La Contraloría General de la República realizó operativos de control a nivel nacional y pudo detectar que los gobiernos regionales también han estado incumpliendo con ello.
Las municipalidades distritales registraron 676 funcionarios en puestos de directivos de confianza que no acreditaron los requisitos. Le siguen las municipalidades provinciales con 584 trabajadores públicos que también incumplen las exigencias por ley.
Los directivos públicos de confianza son designados por libre decisión del funcionario público, es decir, no pasan por un proceso de selección, pero se les exige que cumplan con ciertos requisitos dispuestos en la Ley 31419. Esta norma rige desde 2022 y “establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”. Dentro de los requisitos se pide que la persona cumpla con haber tenido experiencia en anteriores cargos de directivo u otro puesto de nivel jerárquico en el sector público o privado.
Estas personas designadas forman parte de la plana gerencial. Cuando no cumplen con dichos requisitos, perjudican la administración pública, es decir, el funcionamiento, en este caso de las municipalidades o gobiernos regionales, de acuerdo a la Ley del Servicio Civil.
La Contraloría también identificó que los gobiernos regionales registran 217 directivos públicos no idóneas para el cargo, ya sea por incumplir con acreditar con el requisito de experiencia laboral o haber culminado las etapas académicas que se solicitan. Le siguen las unidades ejecutoras de gobiernos regionales (105) y empresas municipales (2).
Otro hallazgo que detallan los informes de La Contraloría, es que hay 220 entidades que incluso han sobrepasado el límite de personas que debían colocar en puestos de confianza. La norma indica que no se puede exceder del 5% del total de puestos existentes en la institución pública. Hay seis casos que llaman la atención porque tienen más de 50 personas contratadas como servidos públicos de confianza. Este medio centenar ha sido designado por el funcionario a cargo de los siguientes gobiernos regionales: Ayacucho, Loreto, Pasco, Piura y San Martín, así como la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Por último, La Contraloría advierte que el 76% del total de entidades analizadas, no tienen un procedimiento para verificar que los directivos de confianza cumplan con el perfil requerido. Por lo tanto, se hace complicado controlar que las personas que ingresan al cargo cumplan con los requisitos de idoneidad, así como también removerlas por incumplimiento de las mismas.
“Esta situación debilita los mecanismos de control para el correcto proceso de designación de directivos públicos en las entidades públicas que sean acordes con los fines públicos que persigue su contratación en el sector público”, recalca La Contraloría en un comunicado.
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