Con el voto dirimente del presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), se aprobó el informe de calificación que recomienda declarar procedente la investigación contra el titular del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por beneficiarse con la Ley 31751, denominada ‘Ley Soto’, la cual apoyó y utilizó en un proceso judicial.
Con el apoyo de Fuerza Popular (Rosangella Barbarán, David Jiménez y María Zeta Chunga), Alianza para el Progreso (Cheryl Trigozo y Nelcy Heidinger), Somos Perú (Héctor Valer) y Bloque Magisterial (Alex Paredes), y la oposición de Cambio Democrático - JPP (Ruth Luque), Avanza País (Diego Bazán), Perú Bicentenario (Jorge Marticorena y Elías Varas), Unidad y Diálogo (Esdras Minaya), Renovación Popular (Javier Padilla) y Perú Libre (Margot Palacios), el destino del máximo representante del Poder Legislativo quedó en manos del titular del grupo de trabajo.
Como se recuerda, el uso de la iniciativa legal aprobada en el Parlamento permitió que Soto se salve de una condena de ocho años y ocho meses por el presunto delito de estafa y falsedad genérica, en un juicio realizado por la empresa de transportes Waynapicchu, la cual lo denunció por acciones realizadas cuando era su asesor legal.
La compañía lo denunció por no redactar los estatutos, acción por la que recibió el pago de 20 mil soles, y por la venta de un terreno a 265 mil dólares, el cual adquirió a solo mil dólares en Cusco.

Ética lo blinda en los otros casos
Cabe mencionar que fue el único caso por el que se acordó investigarlo. Gracias al firme apoyo de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, los otros dos casos, relacionados con el presunto delito de nepotismo por contratar a la hermana de la madre de su hijo y el supuesto recorte de sueldo a sus trabajadores para pagar la publicidad en Facebook con el fin de mejorar su imagen, fueron archivados.
Con ocho votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, se aprobó el informe sobre el primer hecho, el cual recomendaba archivar la denuncia al considerar que cuatro documentos: tres del Congreso y uno de la Contraloría, concluyeron que no hubo indicios del delito.
El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, se pronunció sobre la decisión adoptada en el Congreso y cuestionó que los integrantes se basen en “formalismos y no en la ética”. “El presidente del congreso reclutó en su despacho a la hermana de la mamá de su hijo. La Comisión de Ética “investigó” el caso como nepotismo y recogió informes legales y de la Contraloría que, obvio, descartan el delito”, escribió en X (antes Twitter.
Pese a que en el informe de calificación de la segunda denuncia en la que se le blindó recomendaba investigarlo, con seis votos a favor y ocho en contra, se decidió no apoyar el documento y, por ende, no analizar si es sancionable la conducta del titular del Congreso, a quien se le acusó de solicitar a sus trabajadores dinero para promocionar publicaciones que mejoren su imagen en Facebook.
“Buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. 50 (soles) es de noviembre, y si gustas pagas de una vez de diciembre”, se escucha en un mensaje de audio enviado por Penélope Contreras, técnica en el despacho de Soto.
“¿Podemos publicidad, Eduardito?”, fue otro de los mensajes enviados por la asesora principal de Soto, Sandra Rodríguez, a Eduardo Quezada, entonces trabajador de la bancada de Alianza para el Progreso en un chat grupal.
“Como se indicó ayer debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al ‘zorrito run run’ Bellido y resaltar que la congre (sic) Ugarte jaló siete veces su examen de docencia”, escribió Quezada en otra parte del diálogo.
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