El Poder Judicial anunció que el próximo 13 de octubre evaluará el pedido de la defensa legal del exministro de Transportes, Juan Silva, para anular las órdenes de captura a nivel nacional e internacional, que se encuentran vigentes hasta el 10 de junio del 2027, que hay en su contra por presuntamente estar involucrado en actos de corrupción durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del PJ, a cargo del magistrado César San Martín, estableció que la audiencia virtual en la que la defensa legal de Silva Villegas sustentará su solicitud sea el próximo viernes 13 de octubre a las 9:00 horas. La Fiscalía también ha sido citada para brindar sus argumentos contra la pretensión del exfuncionario del Ejecutivo.
Como se recuerda, el juez supremo Juan Carlos Checkley había rechazado un recurso de tutela de derechos presentado por Silva el 22 de marzo pasado. A criterio del extitular del MTC, en su caso se habría vulnerado el debido proceso porque se le permite ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que demostrarían que no tiene ningún implicancia en las irregularidades que se dieron en la licitación del Puente Tarata.
Por este caso es que el Ministerio Público le imputa los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado a Silva. Además, existe un mandato de 36 meses de prisión preventiva que el exministro debería cumplir apenas la Policía Nacional del Perú (PNP) lo ubique. Sobre este punto, su defensa legal también trató de anularlo a través de un recurso de casación, pero fue declarado infundado.
El Ministerio del Interior (Mininter) ofrece la suma de 50 mil soles a quien brinde información sobre el paradero de Silva para capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades.
Recientemente, el Juzgado Supremo de Investigación indicó que la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC Interpol) que la notificación roja contra Villegas sigue en pie.
Negó actos de corrupción
Silva reapareció por última vez en la plataforma de videos TikTok, donde enfatizó que no esta involucrado en ningún acto de corrupción que sucedió en el MTC durante el régimen de Castillo.
“Mi designación como ministro obedece al artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no obedece a ningún favor político. Repito, no obedece a ningún favor político”, reiteró.
Por otro lado, el exministro señaló que apenas tuvo conocimiento de los actos irregulares que se dieron en el proceso de la licitación del Puente Tarata, lo comunicó a la Contraloría General de la República a fin de que tomen las acciones correspondientes.
“[Sobre] el delito de colusión [del cual se me acusa], en aplicación al artículo 407 sobre la omisión o no omisión de información relevante, en este caso de la licitación, mi despacho de inmediato ponen conocimiento a la Contraloría General de la República [...] y brinda las facilidades del caso a la Fiscal de la Nación para poder hacer la investigación correspondiente”, añadió.
Quería seguir cobrando sueldo
A pesar de encontrarse prófugo de la justicia, Juan Silva ha buscado la manera de sostenerse económicamente. Así se supo que buscaba seguir cobrando su salario como profesor. Un reportaje del programa Cuarto Poder informó que el extitular del MTC apeló a una sanción que le aplicaron en la Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Norte que lo acusó de incumplir con su trabajo.
Antes de enrolarse al convulsionado gobierno de Castillo, Silva se desempeñaba como docente en un colegio del distrito de Puente Piedra, donde percibía un sueldo mínimo.
Sin embargo, el bajo salario motivó a Silva a tratar de ascender al cargo de director del plantel. Para ello es que presentó una monografía cuyo título fue “Relación de la dirección con el rendimiento laboral”, donde se encontró faltas de ortografía y un gran porcentaje de plagio de otras fuentes.
El programa informático Turnitin reveló que el 71% de la monografía se copió de otros trabajos. Se concluyó que la información que cita proviene de 24 trabajos académicos ajenos.
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