El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que la jefa de Estado “declaró” este miércoles por las muertes en protestas antigubernamentales pese a que nuevamente guardó silencio ante las interrogantes de la Procuraduría General del Estado y de la defensa de los deudos de las víctimas en protestas, según informaron fuentes de Infobae Perú.
En declaraciones a la prensa, Campos justificó que Boluarte se haya acogido a su derecho a la defensa alegando “respecto a las víctimas” producto de la represión de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.)
“Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración se extiendan a las demás. Ya no queremos seguir desarrollando por respeto precisamente a las víctimas que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seriedad y objetividad”, dijo el letrado.
Para el abogado, no se debería volver a citar a la mandataria en la investigación penal que se le sigue por la comisión de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
“Nunca existió una relación directa con los hechos, así que en cierta manera la responsabilidad jurídica del presidente aquí es absurda. Lo hemos dicho siempre y los sostendremos. Pero, sin embargo, respetuosamente de la convocatoria del Ministerio Público, hemos asistido y hemos declarado, los hemos dicho y ya no vamos a declarar”, afirmó.
Insisten en que se archive investigación
El abogado Joseph Campos reiteró su pedido para que la Fiscalía excluya a la presidenta Dina Boluarte y archive la causa penal en su contra. Precisó que este requerimiento está pendiente de ser resuelto por el Ministerio Público.
Incluso, Campos invocó el conflicto competencial entre la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia para exigir que no se vuelva a citar a su patrocinada ya que ello, sostiene, implica que se pospongan o cancelen actividades de la presidenta.
“Hay que ser coherente, si el Ministerio Público, con o sin razón, pide que la Junta Nacional de Justicia ejerza sus competencias sin que afecten las suyas... por ejemplo, hoy día había actividades que se han tenido que interrumpir para esta declaración cuando sabemos que jurídicamente no tiene ningún asidero esta investigación. Pero, como somos respetuosos, hemos ido a declarar y hemos declarado como he dicho”, insistió.
Boluarte y su primer silencio
En la declaración del 6 de junio de este año, la presidenta Dina Boluarte se acogió por primera vez a su derecho a la defensa argumentando que aún no se resolvía en segunda instancia la tutela de derechos formulada por la Procuraduría para que agraviados puedan interrogarla.
A mediados de agosto se dio a conocer que Fiscalía de la Nación desistió del recurso de apelación contra la resolución que declaró fundado el recurso de la institución que lidera el procurador Daniel Soria.
El escrito de desistimiento fue presentado por el fiscal Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, y sustentada por la adjunta Silvia Sack en la audiencia pública del 15 de agosto.
La representante del Ministerio Público argumentó que la Fiscalía interpretó en un inicio que las únicas partes facultadas para intervenir en declaraciones indagatorias en sede fiscal eran el fiscal y el abogado del investigado. No obstante, aseveró que tuvo que haber prevalecido los derechos de la parte agraviada “cuando no existe una prohibición expresa durante su participación en las diligencias en la etapa preparatoria”.
“El proceso penal garantiza el ejercicio de hechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad debe estar obligada a velar por su protección y a brindarle un trato conforme a su condición”, añadió Sack.
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