Los distritos con menos policías por habitante son San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Esto pese al continuo incremento de la delincuencia y la criminalidad organizada, que ha generado la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), en Lima, así como la provincia de Sullana, en la región de Piura.
Sin embargo, donde sí hay suficientes policías por habitante es en los distritos de San Luis, Barranco, Cercado de Lima, San Isidro y Miraflores. Así lo ha confirmado un informe emitido por Cuarto Poder. No obstante, si bien estas jurisdicciones cuenta con mayor presencia policial lo cierto es que ninguna, al igual que en el resto del país, se libran de la inseguridad ciudadana.
Una problemática que se incrementa aún más debido a las carencias respecto al establecimiento de condiciones adecuadas de las comisarías básicas para que la Policía realice de manera más efectiva su trabajo. De acuerdo, al titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, de las 1.323 comisarías que hay a nivel nacional, 907 se encuentran en condiciones inadecuadas. Solo 407 están con condiciones adecuadas para operar en todo el país.

Ministro Romero busca cerrar brecha policial frente a la delincuencia
En esa misma línea, el ministro del Interior ha informado que de los 19.883 vehículos de la PNP alrededor de 9.341 están inoperativos, mientras que 10.542 se encuentran en condiciones adecuadas. Además, el 74% del armamento que utilizan los efectivos tiene una antigüedad de más de 20 años.
En las mismas condiciones se encuentran también el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), para identificar a delincuentes reincidentes, resolver casos no resueltos y mejorar la eficiencia en la administración de la justicia al proporcionar pruebas sólidas basadas en evidencias dactilares. Y, por otro lado, el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), arma tecnológica en la lucha contra la violencia armada.
En ese sentido, ante el complejo escenario, Romero ha manifestado que el pedido de facultades para legislar en temas de seguridad ciudadana, recientemente aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, busca fortalecer a la Policía Nacional y cerrar la brecha policial frente a la delincuencia.
Como se sabe, el mes pasado el Ejecutivo se presentó ante el Parlamento para sustentar dicha solicitud a fin de enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad, y otras demandas de la población relacionadas a la gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y aseguramiento de calidad de proyectos, desde un enfoque preventivo.

En esa línea, para cumplir con dicha misión, el titular del Ministerio de Interior ha planteado, entre diferentes propuestas, la creación de la nueva categoría policial como la Policía de Orden y Seguridad, con el cual se espera fortalecer eficientemente el accionar policial frente a la delincuencia, como parte de la reforma policial.
En medio de ello, el funcionario a cargo de esta cartera, que atraviesa tal crisis, permanece en tensiones con los otros poderes de control político. Pues, la Fiscalía ha citado Romero para declarar este lunes por muertes ocurridas en protestas las sociales, como parte de la investigación preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, junto con la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
En tanto, el titular del Interior se mantiene firme en las actividades de vigilancia y seguimiento de los operativos policiales con el objetivo de priorizar la atención a los actos delictivos en el país donde los delitos como hurto agravado, extorsión, secuestro y ciberdelincuencia continúan en aumento.
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