Guillermo Bermejo: Las razones del PJ para autorizar el allanamiento a la casa del congresista por presunta corrupción

Este jueves 21 de septiembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) ejecutó la orden judicial de allanamiento y registro domiciliario con descerraje en la vivienda y despacho del congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, por presunto tráfico de influencias en el caso ‘Los Operadores de la Corrupción’.

La orden fue autorizada el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a pedido de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Para sustentar su requerimiento de allanamiento, la titular del Ministerio Público presentó como elementos de convicción declaraciones de colaboradores eficaces, así como la grabación que reveló esta presunta organización criminal.

De acuerdo con la tesis fiscal, Bermejo habría realizado ofrecimientos al exalcalde del distrito piurano de La Unión, Fernando Ipanaqué, a través de sus “asesores en la sombra” Yul Valdivia y Jaime Jara, a quien se le dictó 20 meses de prisión preventiva por esta investigación, para conseguir que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios financie proyectos en su localidad.

Justamente, en agosto de 2022, Ipanaqué, junto a Valdivia, visitó el despacho congresal de Bermejo. Según un aspirante a colaborador eficaz, el legislador se comprometió a apoyar con los “otros 4 proyectos que no habían salido” en el decreto supremo 181-2022-MEF del 4 de agosto.

En el referido decreto, el Gobierno autorizó la transferencia de partidas para financiar, entre otros, proyectos de la ARCC en 120 gobiernos locales, incluida la Municipalidad de La Unión. Estos son:

• Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones en local educativo (2,574,434 soles)
• Recuperación de la Institución Educativa Inicial 025 (2,756,895 soles)
• Rehabilitación del local escolar de la Institución Educativa 464 (1,490,280 soles)
• Rehabilitación del servicio educativo secundario en la Institución Educativa Almirante Grau de Villa Tablazo (8,059,895 soles)

Por estas gestiones, el parlamentario habría recibido una parte del presupuesto, así lo sostiene un aspirante a colaborador eficaz. “Tengo conocimiento que las coimas y los pagos ilícitos eran del 7,5% del total de costo directo, de los cuales 3,5% era para la gente de la Reconstrucción con Cambios, entre ellos, Robert López López, el congresista Guillermo Bermejo Rojas, el lobista César Albitres Ruíz y Odar Arturo Correa Troncos”, indicó el delator.

La Fiscalía también consigna la declaración del colaborador eficaz que narra la presunta entrega de 40 mil soles al parlamentario. De acuerdo con esa versión, Yul Valdivia habría acudido a la casa de Bermejo en Surco para hacerle llegar el monto. Sin embargo, este lo habría derivado a su asesor Jaime Jara. “No seas pendejo, cumpa, el chato Jara es el encargado”, le habría dicho.

También se presenta el audio difundido por el portal “Palmeras TV” en el que se escucharía a Yul Valdivia, el exalcalde Fernando Ipanaqué y un asesor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios coordinar el reparto del presupuesto para obras.

El análisis del Poder Judicial

Para el juez supremo Juan Carlos Checkley, es “proporcional, justificable y altamente probable” que se encuentre documentación relevante en la vivienda y oficina de Guillermo Bermejo que acredite las coordinaciones y beneficios indebidos.

“Esta judicatura no advierte otro medio de menor lesividad para conseguir lo acotado. En consecuencia, deviene en razonable la afectación del derecho a la inviolabilidad del domicilio y, por tanto, necesaria la medida de allanamiento solicitada para la incautación cautelar e instrumental”, estimó el magistrado supremo.

“La medida resulta proporcional porque existe estricto equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio y los intereses constitucionales del Ministerio Público en su labor de investigación del delito y de brindar tutela a la sociedad en la investigación y sanción por delitos de corrupción de funcionarios”, agregó.