En medio de los casos de extorsiones, cobro de cupos y sicariato que soportan día a día los ciudadanos de San Juan de Lurigancho, se reportó que una olla común sufrió el robo de los insumos con los que alimentan a gran número de personas de bajos recursos.
El nombre de la olla común afectada es 27 de Enero y está ubicada en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui. Según denunciaron a las autoridades, los delincuentes se habrían llevado sus balones de gas y víveres, con los que tenían planeado alimentar a más de 50 de sus vecinos.
De acuerdo a las declaraciones que brindaron a Exitosa Noticias, las responsables de la ollita presumen que en el crimen habría intervenido más de una persona ante la cantidad de bienes robados, cuyo valor económico ascendería a los 700 soles.
Asimismo, revelaron que la mayoría de objetos hurtados no eran de su pertenencia, sino que fueron prestados por pobladores de buen corazón.
En ese sentido, exhortó a toda la ciudadanía a brindarles un apoyo económico, a fin de que esta ollita no cierre. Por tal motivo, brindaron su número de contacto para aquellos que quieran contribuir con esta noble causa: deben comunicarse con la señora Giorgina al número de teléfono 948 113 282.
Nula presencia de la PNP
Ante lo ocurrido, las integrantes de la ollita aprovecharon las cámaras para denunciar que en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui hay nula presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) o miembros del Serenazgo de la Municipalidad de SJL.
Estado de emergencia en SJL y SMP
Precisamente ante la ola de inseguridad ciudadana y criminalidad que azota a varios distritos de la capital, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que algunas jurisdicciones entrarán a estado de emergencia.
Desde Estados Unidos, la mandataria señaló que en la última sesión del Consejo de Ministros se acordó que los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como Sullana, en Piura, serán declarados en estado de emergencia por sus consecuentes casos de sicariato, cobro de cupos, extorsión y otros delitos suscitados.
La medida adoptada por el Ejecutivo llega tras el atentado que se registró el último viernes en una discoteca de SJL y que provocó que 15 personas queden con severas heridas. Al parecer, el ataque estaba dirigido contra un grupo de cumbia que tenía previsto actuar en el local. Cabe mencionar que el director del local ya había recibido mensajes de extorsión en agosto.
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