Dina Boluarte destaca como logro de su Gobierno programa de trabajo de Pedro Castillo durante su discurso ante la ONU

La presidenta Dina Boluarte llegó hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para participar en la 78ª Asamblea General de la ONU, junto a 190 países, para debatir diferentes problemáticas que preocupan al mundo, tales como la crisis alimentaria, el cambio climático, la igualdad de género y la salud, entre otros temas, bajo el lema Restablecer la confianza y reactivar la solidaridad: Acelerar la acción sobre la Agenda 2030 en pro de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad universal.

Sin embargo, la paz, la prosperidad y el progreso aún parecen ser metas lejanas de alcanzar para la mandataria. Pues, su Gobierno atraviesa, desde junio, su nivel más alto de desaprobación como respuesta a sus acciones. No obstante, ese no ha sido motivo para dejar de asistir al evento, donde paradógicamente la jefa de Estado ha destacado en su primera aparición pública programas sociales impulsados durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

Wiñay Warmi, que significa “Crece Mujer” fue uno de ellos. Una estrategia multisectorial que promueve que las mujeres cuenten con mejores empleos y condiciones de trabajo. Sobre este plan, manejado desde el Ministerio de Trabajo, Boluarte aseguró que se le dará continuidad en favor de 620.000 mujeres, pero no especificó resultados concretos que evidencien sus avances.

Por el contrario, la jefa de Estado recalcó que está comprometida en “alcanzar mejores niveles de vida y de desarrollo sostenible”, priorizando a las poblaciones más vulnerables a fin de garantizar el cierre de brechas, la reactivación económica y la promoción de las inversiones.

Miembros de la ONU cortan intervención de Boluarte durante su discurso

Tras haber expuesto algunas medidas adoptadas por su Gobierno para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el discurso de Boluarte fue cortado intempestivamente. Sin embargo, antes de dicha pausa, la presidenta alcanzó a comunicar que su mandato está buscando proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para los ciudadanos.

Acerca de este tema, la mandataria señaló que continúan impulsándose las Escuelas del Bicentenario, el proyecto especial de inversión pública del sector educación que busca asegurar altos estándares de infraestructura educativa. Esto mientras que en el país el Poder Legislativo busca perpetrar más cambios que atentan contra la educación.

El último tiene que ver con la propuesta legislativa presentada por el parlamentario, José Balcázar Zelada, misma que propone que el licenciamiento que entrega la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sea “de carácter permanente e indefinido”, y ya no cada seis años.

De otra parte, en aras de una educación inclusiva, Boluarte anunció que se está mejorando el material educativo para la educación intercultural bilingüe en 16 lenguas originarias. Dentro de este grupo destacan las lenguas shipibo-konibo, awajún, asháninka, quechua, aymara, entre otras.

Intensiones positivas sobre educación bilingüe y defensa del ambiente aún quedan al aire

Cabe resaltar que, durante su mandato de la presidenta, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones indígenas y 2.439 comunidades nativas han expresado su rechazo más de una vez en torno a las acciones del Gobierno respecto a este tema. Especialmente en diciembre del año pasado, cuando el propio Ministerio de Educación emitió tres resoluciones viceministeriales que afectaban directamente la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

No obstante, tras una fuerte presión por parte de las organizaciones indígenas del país, el Minedu decidió derogar las disposiciones, cuyo objetivo principal era anular el requisito de dominio de lengua originaria para las plazas en instituciones educativas reconocidas como EIB.

También, la presidenta garantizó que se ha adoptado un agenda “en favor del desarrollo sostenible, (...) incluyendo los aspectos sociales, medioambientales y económicos como prioridades comunes”.

Sin embargo, en medio de su gestión, es sabido que se ha intentado modificar, tanto desde el Congreso como el Ejecutivo, propuestas que atentan contra la defensa del ambiente, como la intención de cambiar la Ley Forestal en pro de las actividades extractivas y la deforestación de los bosques. Y, por último, el Ministerio de Energía y Minas ha planteado modificar hasta nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas con el fin de impulsar la industria del petróleo y gas natural.