Christopher J. Dodd, asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden, arribó a Lima este martes para reunirse con la mandataria Dina Boluarte, algunos “líderes clave” del Legislativo y “la comunidad empresarial”. En la cita con la jefa de Estado estuvo la canciller Ana Gervasi, según una imagen difundida por el despacho.
La embajada de EE.UU. anunció previamente que la visita se prolongará hasta el jueves y se centrará en “fomentar la plena participación” del Perú en la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP, por sus siglas en inglés).
La llegada del exsenador, quien asumió el cargo de consejero en noviembre del año pasado y representó al estado de Connecticut hasta 2011, forma parte de una estrategia promocionada por el país norteamericano para atacar problemas como la desigualdad y la “falta de fe en la democracia” en la región.
La Secretaría de Comercio de EE.UU. también forma parte de esta política y, según la web del Departamento de Estado, ha llevado a cabo varias reuniones entre gobiernos y el sector privado en la región desde inicios del 2023.
En agosto pasado, Boluarte transmitió a Biden su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales, la democracia y “los lazos de hermandad”, en respuesta a una carta enviada por el presidente para desearle sus “mejores deseos”.
Por esos días, un grupo de 15 legisladores del Partido Demócrata incrementó la presión sobre el mandatario estadounidense para que haga rendir cuentas a las autoridades peruanas por la muerte de 49 civiles durante las protestas antigubernamentales.
Para expresar su preocupación, los diputados enviaron una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna. El grupo estuvo liderado por Joaquín Castro, el demócrata de mayor rango en el subcomité para Latinoamérica de la Cámara Baja de EE.UU., y Sydney Kamlager-Dove, representante de California y muy activa en causas relacionadas con indígenas y afrodescendientes.
En su carta, los legisladores consideraron que Estados Unidos “tiene la responsabilidad” de trabajar con los líderes de Perú y su sociedad civil para garantizar que los responsables de las muertes y de otras violaciones de derechos rindan cuentas ante la Justicia.
Una inacción, bajo su óptica, solo “empeorará la inseguridad en la región, alentará a los actores no democráticos y aumentará la migración irregular”. La medida más drástica que propusieron entonces fue la suspensión temporal de los ejercicios conjuntos o la colaboración entre EE.UU. y las fuerzas de seguridad peruanas hasta que haya una investigación rigurosa.
Los congresistas también requirieron a Blinken que apoye la creación de un mecanismo de seguimiento, tal y como ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para esclarecer lo sucedido durante las protestas como el modelo empleado en México y Bolivia.
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