Abogado argentino de Pedro Castillo anunció que se reunirá con congresistas del Partido Demócrata en EE UU y el presidente de Uruguay

A pesar de que el expresidente Pedro Castillo se mantiene en la cárcel por el fallido autogolpe de Estado que quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022, su defensa legal se sigue moviendo en el plano internacional. Guido Croxatto, el abogado argentino que lo patrocina junto al exmagistrado Eugenio Raúl Zaffaroni, reveló que próximamente sostendrán sendas reuniones con políticos norteamericanos y con el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou.

“Me estoy por reunir con el presidente de Uruguay y tenemos una invitación de congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos gracias a Alexandria Ocasio-Cortez”, dijo el letrado en diálogo con el portal Perfil. Además, agregó que envió una carta a Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, para “advertirle sobre la violación a los derechos humanos en Perú”.

Además, Croxatto indicó que cuentan con el apoyo de los presidentes Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Xiomara Castro (Honduras). Agregó que la situación con Alberto Fernández (Argentina) resulta ambigua porque no ha mostrado una posición clara sobre el caso de Castillo Terrones, pero destacó que habría tenido gesto -que no se conocía- con el actual premier Alberto Otárola durante la Cumbre Sudamericana que se llevó a cabo en junio pasado en Brasil.

“Me parece muy positivo que Alberto Fernández en una cumbre le haya negado el saludo a Otálora. Los medios, como no están siguiendo tanto la crisis de Perú, no lo resaltaron, pero no fue un hecho menor. El Presidente estuvo muy bien ahí. También nos contaron que la delegación peruana almorzó en una mesa separada del resto de los líderes”, reveló.

De otro lado, el jurista argentino cuestionó que Gabriel Boric (Chile) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) no hayan mostrado interés en lo que sucede con Castillo.

“La cancillería chilena tiene una postura evidentemente muy conservadora. Poco antes de asumir formalmente la defensa de Castillo fui invitado por el centro de estudiantes de la facultad de Derecho a dar una charla y no me dejaron entrar. Nunca en mi vida me había pasado una payasada semejante. Era todo muy tenso. Yo no sabía lo que era una dictadura hasta este momento. Por eso mi decepción con (Gabriel) Boric que viene del movimiento estudiantil”, sostuvo inicialmente.

“Lo de Brasil me parece grave. Lula fue el único presidente que recibió a Boluarte. Yo estuve en Curitiba cuando él estuvo preso. Le llevé un pañuelo firmado por Estela de Carlotto que decía “Lula libre”. Su prisión fue un claro caso de lawfare, fue un horror y por eso es tan sorprendente la falta de empatía con lo que está pasando en Perú. Supongo que debe tener que ver con intereses comerciales porque Brasil quiere tener una salida al Pacífico y para eso es clave un puerto que se está construyendo en Perú”, anotó Croxatto.

No intervienen en acusaciones

Por otro lado, el abogado argentino enfatizó que su defensa a favor del expresidente Castillo se limita solo al proceso de vacancia que se ejecutó en su contra en el Parlamento. Señaló que no interviene en las investigaciones por presunta corrupción que hay en la Fiscalía.

“Aquí hay algunas precisiones para hacer. Si la destitución es ilegal, va a seguir siendo ilegal más allá de que luego se descubran delitos de corrupción. Son causas distintas y procedimientos diferentes. Pero, además, a un presidente no se lo destituye sin un juicio político. No se puede utilizar la corrupción para tapar la destitución ilegítima y ese es el caso de Pedro Castillo. La Constitución de Perú y el reglamento del Congreso establecen procedimientos y pasos formales muy claros que no se llevaron adelante. Hicieron lo mismo que con Evo Morales y la razón es que es un indio, un maestro pobre de la Cajamarca rural que no querían como presidente”, explicó.

Actualmente, el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder tiene a su cargo varias investigaciones contra el exmandatario por los casos Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el presunto bloqueo para capturar a los prófugos de su gobierno, y por el fallido autogolpe de Estado. Se le acusa a Castillo de cometer delitos que van desde tráfico de influencias, organización criminal, colusión agravada, encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública, entre otros.