Desde el 11 de setiembre del 2001, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, y Uruguay, países pertenecientes a Organización de los Estados Americanos (OEA), tienen la posibilidad de activar la figura conocida como la Carta Democrática Interamericana.
Esta herramienta supranacional, basada en que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, tal como establece en su primer artículo, es un “mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”.
Su origen se remonta al gobierno de Alberto Fujimori, quien buscó una segunda reelección consecutiva, pese a que la Carta Magna no lo permitía. El documento fue impulsado durante el gobierno de transición del año 2000 por el entonces presidente del consejo de Ministros, Javier Pérez de Cuéllar, y el canciller Diego García-Sayán y el representante del Perú ante la OEA, Manuel Rodríguez Cuadros.
La figura fija tres posibilidades para ser activada: a solicitud del secretario general de la OEA, de otro país miembro o del propio gobierno del país afectado. Aunque hay algunos países como Bolivia (2003, 2005, 2008) y Nicaragua (2004, 2005 y 2021), donde se ha invocado hasta en tres ocasiones, en el país solo se formalizaron dos.
La primera vez que se utilizó a nivel nacional fue ante los cuestionamientos que enfrentaba el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, hoy investigado por corrupción. En ese entonces, el Consejo Permanente de la OEA acordó expresar su apoyo al entonces líder de Perú Posible en febrero del 2004.
Posteriormente, si bien el exmandatario Pedro Castillo mencionó este recurso en dos ocasiones, solo concretó una vez la solicitud de manera formal.
¿Cuándo fue la última vez que se usó en Perú?
A solicitud del exmandatario Pedro Castillo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el 19 de octubre de 2022 a fin de analizar su intervención ante la presunta amenaza de “grave alteración del orden democrático en el Perú”.
Por este hecho, un Grupo de Alto Nivel (GAN) llegó a Lima entre el 20 y 23 de noviembre a fin de hablar con las entonces autoridades como el presidente de la República, Pedro Castillo; el presidente del Congreso, José Williams; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En su informe final recomendaron una “tregua política”, a fin de lograr un “consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad”, y al Ejecutivo que promueva “el diálogo democrático para pactar las reglas de juego y consensuar una agenda de Gobierno”.
¿Qué otros países invocaron esta figura?
Venezuela (2002): La primera vez que se aplicó esta carta fue en defensa del gobierno de Hugo Chávez, quien había sido depuesto de su cargo tras un golpe de Estado liderado por un grupo de militares.
Bolivia (2003, 2005 y 2008): Los pronunciamientos expuestos fueron en el marco de la llamada “guerra del gas”, donde las protestas culminaron con la salida del presidente, vicepresidente y llegada de Evo Morales.
Nicaragua (2004 y 2005): En octubre del 2004, el presidente Enrique Bolaños pidió la participación de la OEA ante la denuncia en su contra por cargos de corrupción al negarse a declarar los fondos que recibió para su campaña electoral. El 17 de octubre, el organismo envió una misión a Managua para constatar lo que sucedía.
Ecuador (2005 y 2010): Tras la decisión del entonces presidente Lucio Gutiérrez de remover de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Ecuador, se solicitó la asistencia del Consejo Permanente de la OEA para restablecer el orden constitucional. Cinco años después, la OEA manifestó su “repudio a cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática”, en relación con el intento de golpe de Estado que enfrentó el presidente Rafael Correa.
Honduras (2009): En esta ocasión, la OEA decidió por primera vez suspender a uno de sus miembros, con el respaldo de 33 votos a favor, ante la negativa de que regresara el presidente Manuel Zelaya a su cargo.
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