La Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del país, ha reunido elementos que abren la puerta a una posible destitución de la fiscal general, Patricia Benavides, investigada por remover a magistrados supuestamente incómodos a su gestión y por nombrar, en paralelo, a otros de su confianza.
La investigación preliminar N.º 008, seguida por el organismo autónomo, detalla un entramado de supuestos conflictos de interés, tratos degradantes y favorecimientos indebidos, así como las intenciones de Benavides para realizar variaciones en despachos importantes, según un informe difundido este domingo por Epicentro TV.
Un día después, nombró fiscal adjunto supremo provisional al fiscal superior Miguel Vegas y, en el acto, lo colocó al frente de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.
Vegas había sido investigado por Revilla por presunta colusión agravada y negociación incompatible entre 2021 y 2022, pero el caso fue enviado al archivo por una resolución que lleva impresas las iniciales “lpbv” (de Liz Patricia Benavides Vargas, quien se desempeñó en el Área Especializada en Denuncias contra Magistrados).
Para la removida magistrada, esta acción fue “degradante”, pues hacía poco había solicitado permiso para iniciar acciones legales contra su nuevo superior. Entonces, renunció al Ministerio Público.
Otro retiro significativo ejecutado por Benavides fue el del fiscal adjunto superior titular Frank Almanza, quien llevaba siete años al frente del caso Sánchez Paredes, la investigación por lavado de activos contra la familia norteña. Según la JNJ, este cese ocurrió para presuntamente favorecer a la jueza María Apaza, amiga de su hermana Enma.
El factor Camayo
Los cambios en el equipo fiscal sobre los ‘Cuellos Blancos’ llegaron a los niveles primero (fiscalía provincial), segundo (fiscalía superior) y tercero (fiscalía suprema), según el informe. Y aunque fueron decisiones tomadas dentro de las facultades discrecionales, el organismo evalúa si hubo “responsabilidad funcional”, si Benavides interfirió en las investigaciones y si el trato a los fiscales que pertenecían al grupo fue “degradante”.
Si los indicios se comprueban —y no se interrumpe la investigación—, la fiscal general podría recibir la sanción de destitución por presunto acto u omisión que, sin ser delito, comprometería gravemente sus deberes en el cargo. La JNJ le atribuye, además, la eventual emisión de resoluciones sin motivación y presunta coacción laboral. De igual modo, atisba con suspicacia que Benavides, su hermana Enma y el fiscal Vegas registren llamadas telefónicas con procesados por este escándalo.
De acuerdo con la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), la titular del Ministerio Público mantuvo siete llamadas con el empresario Antonio Camayo, hombre clave en la presunta red criminal, entre el 25 de mayo y el 28 de junio del 2018. Vegas, en tanto, registra el mismo número de hilos telefónicos con Camayo y otras dos con Alberto Chang, amigo de César Hinostroza, prófugo exjuez acusado de liderar la trama de corrupción en la Judicatura.
Los detalles del caso N.º 008 llegan la misma semana en que el pleno del Congreso aprobó encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, por causa grave, a los miembros de la JNJ, con un plazo de 14 días para que presente su informe.
La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó la moción que busca la remoción de los integrantes del organismo bajo el argumento de que “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.
Los magistrados que integran la JNJ —Imelda Tumialan, Aldo Vásquez, José Ávila, Antonio De La Haza, Iviarta Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Inés Tello— señalaron en un comunicado que su eventual remoción sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, “constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes”.
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