Al menos siete llamadas entre el empresario Antonio Camayo, sindicado como integrante de la presunta red delincuencial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fueron registrados en un documento de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC).
El texto policial de 24 páginas, difundido el viernes por el semanario Hildebrandt en sus Trece, fue recibido a inicios de 2021 por la fiscal provincial Rocío Sánchez, quien entonces estaba a cargo de la investigación. Un mes después, fue retirada del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El escándalo estalló durante el Gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020) y generó una serie de medidas para reformar la judicatura y desarticular a la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero, y que además tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubica el puerto del mismo nombre.
Los vínculos de estos controvertidos personajes, entre los que figura el exjuez supremo César Hinostroza —fugado a España—, llegaron hasta sonados casos de la política peruana, como la investigación por lavado de activos abierta contra la excandidata Keiko Fujimori.
La fiscal Sánchez dijo desconocer el destino que tuvo este informe. Sus sucesores, los fiscales Magaly Quiroz y Juan Carlos Cabrera, no abrieron ninguna nueva carpeta de investigación, ni remitieron el documento a otras instancias de la Fiscalía.
Según la revista, el documento estuvo encarpetado durante casi dos años hasta que el Poder Judicial ordenó al Ministerio Público que le entregara copias certificadas a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en junio del año pasado, unos días antes de que Patricia Benavides juramentara como fiscal de la Nación.
Benavides ahora es investigada por la JNJ pues, según la hipótesis, al poco tiempo de asumir sus funciones, reestructuró el equipo especial que investigaba el caso y todos sus procesos emblemáticos para sepultar definitivamente la posibilidad de que se abriera una investigación sobre los registros telefónicos que la involucran a ella y a su hermana, la jueza Enma Benavides, con la presunta red criminal.
La pesquisa ha sido calificada como un “acto de amedrentamiento y obstrucción” por la misma fiscal. “Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal”, declaró Benavides, quien también tachó de “ilegal y arbitraria” la decisión de la JNJ.
Rastreo telefónico
En rigor, las llamadas entre Benavides y Camayo se produjeron entre el 25 de mayo y el 28 de junio del 2018, cuando ella se desempeñaba como fiscal adjunta suprema titular adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación y al Área Especializada en Denuncias contra Magistrados, según el semanario.
Por su parte, la hermana de la fiscal de la Nación tuvo 12 llamadas telefónicas con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo Picchotito, considerado por el Ministerio Público como uno de los financistas de la presunta organización criminal.
Desde la Oficina de Imagen del Ministerio Público, sin embargo, han negado la existencia del documento. La defensa de Camayo, quien se acogió a la colaboración eficaz y salió de la cárcel en octubre del 2018, tampoco declaró sobre el tema. Eduardo Roy Gates, abogado de Emma Benavides, hizo lo mismo.
Benavides, quien lidera los casos abiertos contra el expresidente Pedro Castillo y los altos funcionarios del actual Gobierno de Dina Boluarte, también ha sido acusada de usar su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación que afronta por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
A inicios de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Benavides y su familia al considerar que se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia”.
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