La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, retomó este jueves su embestida contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la decisión a favor de Víctor Polay Campos, sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), quien logró que su demanda contra el Estado peruano fuera admitida por este organismo internacional.
“La misma CIDH que hoy abraza y beneficia a Víctor Polay, del MRTA, es la que bloqueó la sentencia del TC [Tribunal Constitucional] para la libertad inmediata de Alberto Fujimori. Es hora de hacer respetar las decisiones de nuestro país sobre un ente que siempre ha protegido a los terroristas y perjudicado al presidente que los venció”, anotó la política en su plataforma de X, antes Twitter.
“La restitución del indulto [...] afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la justicia y lesiona su dignidad. Así como genera obstáculos para el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú.”, señaló el organismo en un comunicado publicado por aquellos días.
Como la Comisión es un órgano no jurisdiccional, sus resoluciones carecen de obligatoriedad y necesitan de la voluntad política de los Estados para implementarse y alcanzar sus objetivos. En otro ámbito está la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son obligatorias para los Estados miembros.
En abril de 2022, la Corte IDH resolvió, por ejemplo, que la sentencia del TC incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena contra Fujimori e invalidó el dictamen. Posteriormente, la hija del octogenario recluso manifestó su “desilusión” y consideró que el fallo no era justo. “Siento que no son derechos humanos, siento que es absolutamente injusto para una persona que está enferma y que es un anciano de avanzada edad”, dijo en una breve declaración a la prensa.
Los ataques continuaron en mayo de este año, cuando el partido fujimorista calificó de “manifiesto político de izquierda” al informe que publicó la CIDH sobre las muertes ocurridas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales. El grupo que lidera Fujimori expresó su “indignación frente a la posición tibia” que, en su opinión, tuvo la presidenta Dina Boluarte “frente al sesgado” documento.
La administración de Boluarte anunció en la víspera que remitirá una respuesta a la CIDH por este recurso para defenderse de la acusación del exlíder emerretista, condenado por el delito de terrorismo a 35 años de cárcel.
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