El constitucionalista Javier Valle Riestra, exlegislador e histórico líder del Partido Aprista Peruano (APRA), figura como parte peticionaria en la demanda interpuesta contra el Estado peruano por Víctor Polay Campos, sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió esta acusación a inicios de 2022, pero la decisión recién se hizo pública en Lima esta semana. Los demás firmantes del documento son los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit, así como dos familiares del exlíder emerretista, Otilia Campos y Otilia Clemencia Polay.
Polay (72), condenado por terrorismo a 35 años de cárcel por dirigir las actividades del MRTA entre 1980 y 1992, fue un dirigente de la juventud aprista después de la década de los ochenta.
“Tuvo mucha cercanía con el propio [exmandatario] Alan García, ambos hicieron su posgrado en Francia y me imagino que tenían también cierto grado de amistad”, dijo a Infobae Perú el historiador Héctor Huerto, editor de la Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú (Editorial UPC).
“No olvidemos tampoco que, cuando Alan García es elegido presidente en 1985, el MRTA se pronuncia y declara que van a parar toda actividad de lucha guerrillera [...] porque le dieron la oportunidad al nuevo gobierno de implementar los cambios que ellos consideraban que el Perú necesitaba”, siguió.
En julio de 1990, 47 miembros del MRTA, incluido el mismo Polay, fugaron del penal de alta seguridad de Castro Castro a través de un túnel con sistema de electricidad instalado. Fue un golpe duro para la lucha antisubversiva durante el gobierno de García, justo doce días antes de que Alberto Fujimori tomara el poder.
Las investigaciones determinaron que miembros policiales, encargados del resguardo en la prisión, fueron cómplices de la huida. Infobae Perú documentó este episodio en una crónica difundida en 2022.
Dos años después del túnel, Polay fue recapturado y, a la fecha, se encuentra recluido en la Base Naval del Callao. En su demanda ha reclamado que sus derechos fundamentales fueron violados al momento de su detención y que su reclusión violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.
Su agrupación desapareció de la escena local cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa ingresó a la residencia del embajador japonés en la capital para tomar cientos de rehenes en 1996, aunque fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.
La situación judicial de Polay generó, en 2006, un pronunciamiento de políticos de izquierda, intelectuales y artistas, quienes pidieron una “sentencia justa” y afirmaron, de igual modo, que había sido sometido a condiciones infrahumanas en los años que lleva recluido. Asimismo, consideraron que su “reincorporación” a la vida política era “fundamental para el desarrollo de la democracia”.
La admisión de su demanda en el fuero internacional se ha hecho pública la misma semana del vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que consigna también 19.200 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).
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