Comisión de Ética revisará denuncias de Alejandro Soto este jueves 31, ¿por qué se le investiga?

Pese a que el flamante titular de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), descartó priorizar las investigaciones contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), al asegurar que todos los casos son importantes y existe un orden de llegada, retrocedió y convocó una sesión extraordinaria con dicho fin para este jueves 31 de agosto, a las 9:00 horas.

A través de una publicación en X, antes Twitter, el grupo de trabajo parlamentario recordó que el apepista “mostró su disponibilidad, a través de un anterior oficio, para que la Comisión de Ética investigue las imputaciones en su contra en los plazos determinados”.

En diálogo con Canal N, Bazán remarcó que se buscará “respetar el debido proceso y que nadie tiene privilegios, ya que [a fin de cuentas, el máximo representante del Poder Legislativo] es un congresista más”. “Yo creo que la población merece eso y, por lo tanto, vamos a votar este jueves el inicio del proceso indagatorio, que es lo que corresponde”, expresó.

El legislador de Avanza País, quien anteriormente ha defendido la permanencia de Alejandro Soto, adelantó que todos los casos serán vistos con la Comisión Técnica de la Comisión de Ética “de forma independiente”, ya que no pueden ser agrupados.

¿Por qué casos será investigado Alejandro Soto?

El congresista de Alianza para el Progreso será investigado por tres casos cometidos desde el 23 de julio del 2021 en adelante. Primero, por la contratación de Yeshira Peralta, hermana de la madre de su hijo, como coordinadora de su despacho desde agosto del 2021. La versión del legislador es que no existe impedimento, ya que no se encuentra casado con la progenitora de su bebé.

Segundo, será investigado por el respaldo y aplicación de la Ley 31751, la cual lo salvó de una condena de ocho años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de estafa y apropiación ilícita común, relacionados con el servicio de redacción de un estatuto que no cumplió y la compraventa de un terreno sobrevalorado y sobredimensionado denunciado por la empresa de transportes Waynapicchu S.A.

Pese a que lo ha negado, existe material audiovisual y escrito donde su defensa legal, Walter Pimentel Peralta, invocó dicha norma. “Señor magistrado, como bien sabemos, en fecha 25 de mayo del año 2023, se publicó en el Diario Oficial el Peruano la Ley 31751 (Ley que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción)”, se lee en el documento al que accedió Infobae Perú.

El último caso tiene que ver con una denuncia realizada por el programa Cuarto Poder. De acuerdo al reportaje, los trabajadores de Alejandro Soto pagan mensualmente cierta cantidad de dinero para financiar la publicidad en la página de Facebook del político cusqueño. “Buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. 50 (soles) es de noviembre, y si gustas pagas de una vez de diciembre”, se lee en uno de los mensajes enviados por Phenélope Contreras, quien hoy es investigada como presunta cómplice por ser la encargada de recolectar los montos.

“Los tres casos se van a manejar de manera individual, cada uno se va a votar y, obviamente, tengo la confianza de que va a proceder el proceso indagatorio, luego viene la investigación, se tendrá las audiencias del caso y, finalmente, se determinará responsabilidad”, explicó Bazán en diálogo con RPP y estimó que “máximo en tres meses, deberíamos tener un informe final y votarlo también”.