Rosselli Amuruz exige informe de acciones adoptadas contra involucrados en ascensos irregulares en la PNP

Pide respuestas. La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz (Avanza País), remitió un informe al titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, a fin de que brinde detalles sobre las acciones adoptadas ante la grave denuncia de coimas por ascensos al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como se recuerda, el diario Perú 21 accedió a la denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides, donde se involucra a los actuales jefes policiales de Lima y Callao: los generales Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas, y otros ocho generales en un esquema de coimas dadas al entonces presidente Pedro Castillo, “tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre veinte mil y cuarenta mil dólares americanos cada uno”.

“Con finalidad de desterrar la corrupción y en uso de sus atribuciones, y en coordinación con los órganos de asesoramiento y dependientes de su sector, desarrolle las acciones pertinentes dentro de sus competencias señaladas en el Artículo 23.1 de la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo Ley N° 29158 que dispone las funciones generales de los ministerios, es que vengo a solicitarle disponga la plena formulación, dirección y ejecución de las acciones inmediatas y urgentes a fin de prevenir actos de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú”, menciona el documento formulado por la parlamentaria de AP.

A través de una nota difundida por su despacho, la parlamentaria sostuvo que “no es idóneo que nuestra policía esté comandada por oficiales cuya moral viene siendo cuestionada por una denuncia fiscal tan delicada”.

“La corrupción es un flagelo que le hace un daño terrible al país. Esperamos que el Comando Policial analice la situación y opte por lo menos por cesar en sus cargos a los oficiales comprometidos”, acotó la integrante de la Mesa Directiva.

¿Qué dice la denuncia presentada por la Fiscalía?

De acuerdo a la tesis fiscal, el vacado exmandatario promovió la asunción de 10 coroneles con el fin de tener el control de la institución y garantizar la fuga de los miembros de su organización criminal en caso de generarse solicitudes de detención.

Para ello, y luego de reuniones en Palacio de Gobierno, se impulsó la designación de Javier Gallardo en la comandancia general en setiembre del 2021. En rigor, el excomandante de la PNP habría “promovido la elaboración de una directiva que regule el proceso de selección, mediante la cual se otorgue mayor poder discrecional en las evaluaciones al alto mando policial, lo cual no podría darse de otra manera que elevando el puntaje de indicadores subjetivos como la entrevista personal”.

La denuncia de la Fiscalía refiere que, luego de elaborarse la propuesta, se habría llevado a cabo una reunión “en la que sustentaron cómo se desarrollaría el proceso de ascenso por selección, los actores participantes y sus responsabilidades, así como las propuestas de puntaje a ser aplicados por la Junta Selectora que presidía el comandante general de la Policía Nacional, entre estos, lo concerniente al puntaje de la entrevista personal”.