La jueza Nathaly Acosta, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte de Lima Este, rechazó el último lunes dictar prisión preventiva contra 18 presuntos integrantes del Tren de Aragua, una banda criminal extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia.
Los implicados habían sido detenidos a fines de julio en un búnker de la avenida Próceres de Independencia, en San Juan de Lurigancho, y fueron imputados por sicariato, cobro de cupos, tráfico de drogas y, principalmente, trata de personas.
En la lectura de la resolución, la magistrada dictó la medida cautelar por nueve meses únicamente contra Carlos Delgado, Javier Castillo y Raúl Burgos, acusados de explotar sexualmente a diez mujeres; y ordenó comparecencia con restricciones —más nueve meses de impedimento de salida del país— para los demás arrestados, entre ellos José Gonzáles (27), cómplice del abatido ‘Maldito Cris’.
“Este sujeto es del entorno del ‘Maldito Cris’, por eso es que se continúa con las operaciones para desarticular a todos estos irrecuperables. Es mejor que dejen el país porque la Policía Nacional del Perú va con todo”, dijo el jefe de la División de Investigación de Homicidios (Dirincri), Víctor Revoredo, cuando el imputado fue capturado.
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A Gonzáles, alias ‘Corazón’, la institución policial le atribuye el crimen de Nicasio Ccasa, ultimado en el paradero 4 de Huáscar del distrito más populoso del país.
En la audiencia de prisión preventiva, Acosta refirió que el Ministerio Público no presentó suficientes elementos de convicción y tampoco precisó a quién pertenece la droga y las municiones halladas, ni determinó quién o quiénes son los propietarios del búnker que, según la Policía, habría servido también como guarida para Wanda del Valle, pareja de ‘Maldito Cris’, incluida en la lista de los más buscados e investigada por ofrecer 40.000 dólares para matar a Revoredo.
La jueza señaló, además, que la documentación aportada por la Fiscalía no fue debidamente verificada. “No se logra una sospecha fuerte, tan solo una sospecha reveladora que dio origen a la formalización del delito de micro comercialización ni peligro común”, dijo.
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“Lo que se ha debatido en la audiencia de prisión preventiva son solo los hechos [...] sobre delitos de favorecimiento a la prostitución, tenencia ilegal de municiones y microcomercialización [de droga], más no crímenes de Gonzáles. [Esto último] no ha sido solicitado por Fiscalía”, aclaró el Poder Judicial en un comunicado.
“A ninguno [de los 18 que se libraron de la medida cautelar] la Fiscalía les imputa delitos de sicariato, organización criminal u otros de mayor gravedad [...] La carpeta fiscal del caso es ‘Búnker de la Pantera Rosa’, no ‘Tren de Aragua’”, sigue la misiva.
Otras polémicas liberaciones de la Fiscalía
A fines de junio, la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte había liberado a dos secuaces del sicario, capturados el mismo día en que cayó abatido por la Policía tras la muerte de un sereno que pretendía detenerlo.
Alvin Vargas y Danny Marcano, también vinculados al Tren de Aragua, fueron puestos en libertad porque agentes policiales se demoraron unas horas en ponerlos a disposición de la sala fiscal. El mismo despacho admitió que, en este “emblemático caso”, no respondió de manera adecuada.
“Frente a este hecho, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dispuesto las acciones correctivas”, indicó la institución en un comunicado difundido en medio de la polémica.
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La presidenta Dina Boluarte ha defendido su propuesta para expulsar a los extranjeros detenidos por cometer un delito en flagrancia. “No queremos ver más ‘Malditos Cris’ en las calles, robando, secuestrando a empresarios”, dijo en un reciente discurso a la Nación.
El Tren de Aragua, una megabanda nacida en una cárcel venezolana, ha devenido en una amenaza de seguridad regional, con una variada amalgama de delitos en los que los migrantes son los mayores damnificados. La crisis migratoria fue la vía por la que entró en países aledaños y, con aval de la corrupción, estableció redes que se apropiaron de las fronteras.
Según un informe de El País, solo en Lima reúne alrededor de un millón de soles (cerca de 275.000 dólares) al mes en las diez plazas de prostitución sobre las que ejercen dominio, un control obtenido a sangre y fuego tras desplazar a proxenetas dispersos.
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