El alcalde Rafael López Aliaga indicó que este sábado 29 de julio volverán a tener el control de todos los peajes de la capital a pesar de que dicha labor le corresponde a la concesionaria Rutas de Lima. En rigor, serían de la Vía de Evitamiento, la Panamericana Norte y Sur.
“El día 29 se vencen los 180 días de la decisión unánime del Concejo de Lima que está declarando la caducidad de un contrato que nace de la corrupción de la señora [Susana] Villarán, quien recibió dinero y está en estos momentos acusada por la Fiscalía”, señaló con la prensa.
El líder de Renovación Popular consideró que el contrato de los peajes es nulo en su origen. Agregó, además, que desde la comuna metropolitana trabaja en una estrategia legal ante la posibilidad de que sean demandados.
“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio, las doce de la noche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos”, manifestó.
López Aliaga señaló que cumple una promesa de campaña electoral para solucionar un problema que afecta a más de un millón que viven en las zonas más pobres de Lima como distritos Puente Piedra, Santa Rosa y Carabayllo.
Hay que recordar que la decisión del burgomaestre se anunció el 9 de julio pasado al informar de la finalización del contrato de concesión de los peajes situados en la Panamericana Norte (de Chillón) y Sur (de Villa).
“En nuestro compromiso con la población, el alcalde Rafael López Aliaga junto al defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C., por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos”, se lee en la red social de la municipalidad al anunciar esta medida.
Sin embargo, la Municipalidad de Lima estaría incumpliendo con lo dispuesto por el Tribunal Arbitral Ad hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
“El Tribunal, por unanimidad, decide ordenar que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, señala el fallo de la CNUDMI.
Apoyo & Asociados Internacionales consideró que la controversia arbitral tardará en resolverse entre 18 y 24 meses, mientras tanto los conductores deberán seguir abonando los montos habituales de peaje.
“La obtención de la medida cautelar permite mantener la confianza en los contratos de concesión, los cuales son considerados contratos ley por nuestro marco jurídico”, precisa.
Cuestionamientos
En los primeros días de gestión, el alcalde López Aliaga fue duramente cuestionado porque retrocedió en su posición para eliminar los peajes a partir de la siguiente declaración.
“Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, respondió.
En ese momento, la autoridad edil anotó que buscará que los peajes regresen a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A (Emape). Sin embargo, hay que precisar que la ley 3090 declaró, en 2018, que el alcalde de Lima ya no tiene competencia en transporte.
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