La legisladora María del Carmen Alva (Acción Popular) presentó este martes una denuncia contra su colega de bancada, Jorge Flores Ancachi, quien admitió en un audio que recorta el 10% de los honorarios de sus asesores y el 50% de sus bonos. La acusación fue elevada ante la Comisión de Ética, que notificó el inicio de la indagación preliminar.
En la grabación, difundida por Cuarto Poder, la expresidenta del Congreso fue señalada como la persona que “le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo como si se tratara de una práctica común”. Sin embargo, Alva negó la acusación y el parlamentario remitió un oficio para pedirle disculpas por mencionarla.
“Estas prácticas laborales abusivas son inaceptables y violan los principios de justicia y equidad que deben regir en el Congreso [...] Estas afirmaciones implican un acto de corrupción y constituyen una grave violación a la ética parlamentaria”, continúa.
En el clip de voz, grabado presuntamente el 12 de enero, el legislador vinculado al caso Los Niños se arrepiente de no recibir “los 250 mil dólares” que le ofrecieron a cambio de puestos de trabajo en el Congreso. A continuación, desliza que Alva le brindó pautas para la rebaja de salarios.
El legislador fue incluido en el bloque de los ocho acusados de esta práctica irregular, entre los que figura Heidy Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz y Rosio Torres (Alianza Para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), María Cordero (expulsada de Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular).
La Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria, lo denunció ante la Fiscalía de la Nación por cargos de concusión ―que contempla una condena no menor a 2 años ni mayor a 8 años— y cohecho en agravio del Estado, mientras las bases de Acción Popular pidieron su expulsión.
El mes pasado, Flores Ancachi fue detenido cuando pretendía a subir a un avión con destino a China, conducido a la División de Requisitorias de la Policía Nacional (PNP) de San Juan de Lurigancho y derivado posteriormente a Puno, región a la que representa, para que comparezca ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria por el presunto delito de peculado doloso.
El informe fue rechazado por 60 legisladores, mientras que 48 votaron a favor y 8 se abstuvieron. Ese mismo día, el denunciado sufrió una descompensación y fue llevado al tópico del Congreso después de ejercer su defensa ante la cámara.
“Nada se ha comprobado en ningún fuero, ni en la Comisión de Ética. Se estaría vulnerando mi derecho a la presunción de inocencia”, adujo. Entonces, el pleno lo blindó y rechazó suspenderlo por 120 días.
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