
El gobierno de Dina Boluarte saluda la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Y es que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció con pompa la aprobación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso, del dictamen de la ley que crea este organismo.
Según la entidad, ANIN ayudará a cerrar las graves brechas de infraestructura que existen en el país. “Es un importante paso en la reforma del Estado y el inicio de grandes obras que el país y las familias peruanas merecen en el Bicentenario de la Patria. Gracias Congreso”, señaló la PCM a través de su cuenta oficial de Twitter.
Esto luego de que la Comisión Permanente aprobase, en segunda votación, el dictamen de ley que crea esta nueva entidad. Fueron 23 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

El proyecto de Dina Boluarte
En marzo de este 2023, la presidenta Dina Boluarte anunciaba que el Ejecutivo enviaría un proyecto de ley para la creación de la ANIN, la cual busca realizar obras emblemáticas y controlar las cuencas para prevenir huaycos e inundaciones.
“La reconstrucción que requiere el país debe sostenerse sobre obras firmes y que duren”, dijo Boluarte durante su participación en un evento oficial.
Uno de los sustentos para crear este nuevo coloso del Estado es porque, actualmente, la cartera de proyectos excede la capacidad instalada de las entidades de los niveles locales de gobierno. En promedio, cada municipalidad tiene 78 proyectos activos y 70% de ellos tienen más de 3 años sin ejecutar.
“Tiene competencia en materia de infraestructura sobre los proyectos o programas de inversión a nivel nacional, de los tres niveles de gobierno, que le son asignados o delegados, conforme a lo establece la ley”, señala la norma sobre sus funciones principales.
Además, también se encargará de las obras de infraestructura de defensa civil estratégica, así como proyectos de los tres niveles de gobierno que superen los S/200 millones y siempre con enfoque territorial.

Los posibles riesgos de la ANIN
Entre las facilidades para acortar los plazos de ejecución de grandes obras de infraestructura que el gobierno de Boluarte ha presentado como benéficos están la reducción de plazos, máximo 30 días, en la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, así como procedimientos simplificados para iniciar obras cuando exista presencia de elementos arqueológicos.
Esto puede poner en peligro los estándares ambientales o vulnerar zonas arqueológicas si no se realizan procedimientos meticulosos.
“La a ANIN centralizaría la gestión de proyectos priorizados de infraestructura, que se construirían, sobre todo, a través del mecanismo de Gobierno a Gobierno. Se insiste en resolver los problemas desde una visión “administrativa” que ya ha demostrado ser insuficiente para la atención de emergencias como ocurrió con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada en el 2017 cuando ocurrió el Fenómeno El Niño, y con el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), constituida en el 2007 para atender los daños causados por el terremoto que asoló Pisco y otras localidades del Sur Chico”, detalla Guido Valdivia, Director Ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), a través de una columna publicada en Infobae Perú.
De acuerdo al especialista, ni la ARCC ni el FORSUR se enfocaron en las causas finales de estos desastres como el tráfico de tierras y el asentamiento de la población en zonas de riesgo, la masiva informalidad en la construcción de viviendas, la obsolescencia y tolerancia a la corrupción en la normativa de contratación de obras, entre otras.

“Lo más preocupante es que la decisión de crear la ANIN, sobre la base de la ARCC, se ha tomado sin efectuar un análisis profundo de la gestión de la reconstrucción de la zona afectada por el Niño Costero del 2017. Es decir, no se han analizado sus errores y aciertos para poder tener una entidad realmente eficiente, que aborde esas causas finales y ponga en marcha una estrategia eficaz de prevención para futuras fenómenos naturales”, sentenció Valdivia.
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