El abogado Guillermo Olivera dimitió este jueves al grupo de juristas que defiende al expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre del año pasado por su fallido autogolpe. En un mensaje de Facebook, el letrado señaló que elevó su renuncia después recibir una llamada del exministro Iber Maraví, quien lo reprendió por acusar al expremier Aníbal Torres de predisponer la captura del exmandatario.
“A un pariente muy cercano y muy querido de Pedro Castillo. Pese a que no contesta mis llamadas, le encargo decirle que me aparto de su defensa por una grosera injerencia del exministro Iber Maraví, respecto de mi libertad de pensamiento y de expresión en clara e íntima anastomosis con mi ejercicio profesional”, anotó en su mensaje.
En diálogo con El Comercio, el penalista tildó de “intruso” a Maraví, exministro de Trabajo, y contó que lo “llamó de mala manera” para reprenderlo por sus “cuestionamientos a la conducta procesal de Aníbal Torres”, uno de los consejeros más cercanos del exmandatario.
Olivera había calificado al ex primer ministro de “entreguista” por permitir que Castillo firmara la papeleta de detención el día en que ofreció el mensaje que lo llevó a enfrentar una investigación por cargos de rebelión y conspiración.
Para el letrado, en cambio, fue “una reacción tardía y encubridora” en un momento en que Castillo pretendía refugiarse en la embajada de México. La noticia de su renuncia se ha hecho pública un día después de que el presidente de México, Andrés López Obrador, se reuniera con Guido Croxatto, parte de la defensa de Castillo.
La cita en el Palacio Nacional fue anunciada por el mismo líder mexicano. “Coincido en que defender a Castillo es defender la justicia, no solo de un hombre, sino de todo un pueblo. Ojalá la ONU salga de su letargo”, apuntó en su mensaje.
A finales de mayo, AMLO había calificado de “usurpadora” a la presidenta Dina Boluarte y reiteró que México no le entregaría la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú”.
Según la Fiscalía, su entorno familiar y político estuvo implicado en los ilícitos. La investigación fue oficializada después de que el Congreso aprobara el informe final de la denuncia constitucional.
“Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor”, dijo el expresidente en una audiencia.
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