Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que una parte del Congreso de la República ha puesto en marcha una persecución política en su contra y otras autoridades del sistema electoral.
“Hay cinco proyectos que apuntan a extender el juicio político a los jueces electorales y algunos de ellos a los miembros del sistema electoral”, señaló en entrevista concedida a la agencia EFE de España.
Además, el magistrado del JNE consideró que “se busca, en el fondo, someter al sistema electoral y en concreto al JNE bajo el temor del juicio político para evitar que se tomen determinadas decisiones”.
Salas Arenas también reveló que ha solicitado que la medida cautelar que interpuso ante la Comisión Intermaricana de Derechos Humanos (CIDH) escale a una medida provisional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El ataque a los organismos electorales, cualquiera que fuera el presidente del JNE, además de ser un ataque personal, es un ataque a la institucionalidad misma de la democracia”, añadió.
Blanco preferido
Las declaraciones de Salas Arenas contra el Parlamento se dan porque este poder lo puso en la mira tras el fallo que el Tribunal Constitucional sacó en marzo pasado que señaló que los miembros del JNE, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) deberían ser sometidos a un juicio político por delitos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones.
Ya hay propuestas para modificar el artículo 99 de la Constitución. Al ser una reforma constitucional se requiere de 87 votos en dos legislaturas. En caso sea aprobado, la Comisión Permanente, donde la integran los representantes de la Mesa Directiva, los voceros e integrantes de las diferentes bancadas parlamentarias, solo denunciaría, según el magistrado del TC Gustavo Gutierrez Ticse, constitucionalmente al presidente del JNE, pero no a los demás miembros.
Desde ese momento, Salas Arenas ha sido el atacado por algunas bancadas que no le perdonan haber tenido una postura neutral frente a las denuncias de un inexistente fraude en las pasadas elecciones generales que dieron como ganador al expresidente Pedro Castillo sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Así, la primera denuncia contra el titular del JNE provino de la congresista Roselli Amuruz de la bancada de Avanza País, quien lo acusa de presuntamente haber vulnerado los artículos 38 y 39 de la Constitución que está referida a la Ley de Contrataciones del Estado y principio de legalidad.
En su escrito, Amuruz argumenta que Salas Arenas cometió una irregularidad al contratar al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla y autorizar que el abogado Vicente Sánchez Villanueva reemplace a uno de los integrantes del tribunal del JNE, Jorge Rodríguez Vélez.
En esa línea, la congresista sostiene que el presidente del JNE debería afrontar un juicio político en amparo del artículo 99 de la Carta Magna.
De momento, la denuncia está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por Lady Camones (Alianza para el Progreso), donde podría acelerarse en cualquier momento.
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