El 9 de junio una noticia sorprendió a la población peruana: la compañía canadiense PetroTal denunció que dos de sus buques cargados con petróleo fue atacado por una flota de canoas indígenas. En un inicio, se hablaba de un secuestro, pero el semanario Hildebrandt en sus trece ha revelado nueva información sobre este caso.
“En estos momentos tenemos dos barcazas, una de ellas de bandera brasileña, con tripulación brasileña y la otra es peruana. Ambas retenidas contra su voluntad tipificando un tema de secuestro”, decía José Luis Medina, gerente de PetroTal a TV Perú, mientras relataba lo que uno de sus buques pasaba.
El presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AI-DECOBAP) conversó con el semanario de César Hildebrandt y afirmó que estas acciones violentas responden a un costoso fideicomiso. Según indicó James Pérez Pacaya, el Gobierno de Dina Boluarte tenía diez días para retirar a la empresa canadiense PetroTal del lote 95. Esta organización cuenta con el apoyo del gobernador de Loreto, René Chávez, y del alcalde de Puinahua, Giordano Mendoza.
El origen
Los conflictos vienen hace mucho años atrás, pero fue en el 2020 que la muerte de tres indígenas agudizó esta problemática. Los miembros de la comunidad permanecieron en la entrada del campamento de PetroTal para reclamar el servicio de electricidad y agua potable. Luego de ello, la empresa le otorgó S/ 60 mil a las viudas de las víctimas, además de S/ 1000 a cada uno de los 4 mil 500 habitantes del distrito.
El alcalde del distrito de Puinahua declaró al medio referido y sostuvo que la comunidad no aprueba a PetroTal. “[La empresa] no ha logrado encajar en la sicología del puinahuino por seguir una lógica costeña. PetroTal también ha hecho obras acá que no le han servido a la gente. Por ejemplo, ha contruido una caseta para cargar celuljares que ni sirve, cuando ha debido invertir en la educación de los jóvenes”, aseguró.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entabló mesas de diálogo, pero no se llegó a un acuerdo, pues para James Pérez el fideicomiso que se estableció no era aceptable. Se planteaba que el directorio esté conformado por representantes de AI-DECOBAP, de la JAP, el alcalde de Puinahua, un representante de una universidad local, uno de Perupetro y un experto técnico.
Para el titular de la comuna, el hecho de que el directorio esté conformado por integrantes de JAP y Perúpetro ya era un punto en contra de ellos, pues serían mayoría y ellos, AI-DECOBAP, no alcanzarían el número suficiente de representatividad. “Al dueño del fondo lo querían poner como alguien más de la fila”, exclamó.
A raíz de ello, el 27 de mayo el titular de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua comunicó que bloquearían el canal de Puinahua, la vía por donde transita el campamento de PetroTal. Fue esa fecha donde cuatro botes con nativos armados se dirigieron a la empresa petrolera y les exigieron que regresen al distrito. Según indicaron, esta acción había sido advertida al Poder Ejecutivo y Legislativo.
“Yo envié cartas al premier Alberto Otárola y al Congreso desde el 2 de mayo alertando que el tema de la administración del fondo estaba ocasionando desconcierto, incomodidad y molestia en la población y que esto podía desencadenar en conflictos sociales en el lote 95, pero se demoraron en reaccionar”, dijo Pérez.
Denuncia
Según el medio, la empresa de transportes ‘Chávez’ presentó una denuncia ante la Marina de Guerra el pasado 31 de mayo por un ataque a 52 trabajadores de PetroTal. De acuerdo al documento, los atacantes tenían “lanzas, machetes y bombas molotov con llamas queriendo abordar dicha embarcación”. También detalla que una embarcación que llevaba a seis miembros del Ministerio del Ambiente atravesó una situación similar.
Algunos días después, el 6 de junio, 50 miembros del AI-DECOBAP secuestraron a dos convoyes que trasladaban a seis peruanos y 40 mil barriles de petróleo, mientras que otro tenía a dos peruanos y seis brasileños. Los miembros de la organización de la Amazonía responsabilizaron a las empresas por arriesgar a sus trabajadores.
Durante un enfrentamiento, el oficial Abraham Zabala Oliver recibió un impacto que le ocasionó una herida en el ojo. El fiscal comentó que los indígenas portaban bombas molotov cerca a los barriles de petroleo.
Pese a que esto fue alertado por la Marina, el ministro Vicente Romero no hizo mención de ello y las barcazas permanecieron secuestradas por cuatro días más. Sin embargo, esto fue negado por James Pérez.
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