El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ratificó este miércoles la prohibición para que la Marcha del Orgullo finalice este año en la plaza San Martín, una tradición que ya se había roto en 2016, durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio. El burgomaestre señaló que el espacio público de la avenida Nicolás de Piérola está destinado a la actividad turística, uno de los ejes en los que se ha enfocado su administración.
“Estamos haciendo un trabajo profundo de atraer turismo. Todos los domingos, pasacalle y pasacalle. Eso atrae turismo. Destrozar eso, ni hablar. [...] La plaza San Martín tiene un patrimonio turístico importantísimo, no quiero destrozar todo el trabajo de casi seis meses. Vengan un sábado. La plaza está llena de bailarines, de jóvenes haciendo bailes costumbristas y de K-pop. Déjenlo, pues, déjenlo para el turismo”, señaló en una rueda de prensa.
El colectivo Marcha del Orgullo precisó que el evento se desarrollará indefectiblemente el sábado 1 de julio, desde el Campo de Marte (Jesús María), aunque “el fin de fiesta y la lectura del pronunciamiento se realizarán” en este punto que conecta el Campo de Marte con el Parque de la Exposición.
Los promotores habían denunciado el mes pasado que la administración de López Aliaga —desaprobado con un 63% en el sector con menos ingresos, según Datum— desatendió dos solicitudes cursadas el 22 de marzo y el 4 de mayo para emplear uno de los principales emblemas del centro de Lima.
La dilación ya era vista como un rechazo anticipado, aunque los organizadores insistieron hasta el último jueves, según conoció Infobae Perú. Detrás de la burocracia para replicar la solicitud estaba la ordenanza de intangibilidad, pero sobre todo el conservadurismo de este político contrario al feminismo y al enfoque de género.
“Nosotros no pedimos permiso para marchar, sino para cerrar las calles adyacentes porque se genera tráfico en la ciudad. Es la marcha más multitudinaria de Lima, de manera que genera cierto tráfico”, siguió.
La plaza San Martín se encuentra en una zona intangible para manifestaciones que pongan en “riesgo la seguridad y la salud pública” en el Centro Histórico, según una declaratoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima elevada en febrero pasado, uno de los meses álgidos de las protestas antigubernamentales.
La medida fue impulsada por el burgomaestre, quien dijo que es un paso trascendental para convertir la capital en un centro de atracción turística a escala mundial, y generó críticas por parte de organizaciones que la consideran una afrenta al derecho a la reunión protegido por la Constitución.
Cuando fue candidato presidencial, López Aliaga declaró a El Comercio que “toda la doctrina de género que viola los derechos de la niñez” sería “exterminada”, pues “ese enfoque de género es una ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños”.
En 2016, la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio dispuso que la movilización concluya en el Campo de Marte con los mismos argumentos maquillados de conservadurismo. Precisamente, cuando asumió el cargo de Lima, el líder de Renovación Popular juró por dios y por el propio Castañeda.
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