La Comisión de Fiscalización y Contraloría anunció que iniciará una nueva línea de investigación contra el expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado, por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante su gestión.
El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), titular de este grupo de trabajo, informó que el periodista Mauricio Fernandini, la empresaria Sada Goray, y Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del exministro Geiner Alvarado, serán citados para este miércoles con el fin de que respondan por los beneficios que tuvo la compañía Marka Group.
“Marka Group debe ser la siguiente línea que la Comisión de Fiscalización debe investigar. Este miércoles serán citados los primeros involucrados”, dijo Ventura en sus redes sociales. Como es público, la empresa de Goray desembolsó un soborno de cuatro millones de soles para cambiar a todos los integrantes del Fondo Mi Vivienda.
Goray dio tal dinero a Marrufo, quien era su operador en la cartera de Vivienda con la evidente venía del expresidente Castillo. Sin embargo, la red de corrupción de la empresaria también se trasladó a otras instituciones del Estado.
Influencias
La Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) también fue una entidad en la que Sada Goray quiso influir con el cambio de directivos.
Según el Ministerio Público, Cyntia Rudas Murga, exsuperintendente de la SBN buscó coaccionar a Williams de la Vega Willanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, para que saque una resolución a favor de Goray para registrar un predio en el distrito de Chilca que no le pertenecía.
En esa época, la extitular de la SBN le dijo a De La Vega debía reconsiderar la solicitud planteada por la empresaria porque ella había aportado a la campaña electoral de Perú Libre y del expresidente Castillo en los comicios generales del 2021.
De La Vega se negó y, por tanto, fue sacado de la SBN. Ante la vacante en la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, Sada Goray propuso a Marina Subiria Franco para que ocupe este cargo. A su vez, ella buscó los servicios de la abogada Flor Olivera Orellana.
La Fiscalía cree que ambas trabajaron unidas para ayudar a la dueña de la empresa Marka Group.
Recientemente, la Superintendencia Única Nacional de Registros Públicos (Sunarp) también estuvo a un paso de estar bajo las riendas de Sada Goray.
Según el diario El Comercio, el exministro de Justicia, Félix Chero, relató a la Fiscalía que Castillo Terrones le alcanzó la hoja de vida de una persona recomendada por Goray para asumir la Sunarp que habría sido Luis Longaray.
“Me indicó [Pedro Castillo] que tenía que cambiar al superintendente de la Sunarp y me entregó el currículum vítae físico del señor Luis Longaray Chau”, mencionó Chero el 5 de enero pasado en la sede del Ministerio Público. El pedido del exmandatario se habría dado el 13 de abril del 2022.
“Y él me respondió que lo revisen y si cumplía con los requisitos, él [Luis Longaray Chau] tenía que ser designado. Yo le dije que así sería”, agregó el exministro sobre la insistencia que Castillo le manifestó. Es así que le pidió al día siguiente a su entonces secretario general a que elabore el proyecto de resolución para la designación.
La llegada de Longaray a la Sunarp no era más que un cambio para beneficiar a Sada Goray para la inscripción de un terreno en Chilca, según comentó Marrufo al Ministerio Público.
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