
La biodiversidad del Perú podría estar en riesgo. Y es que el 23 de mayo de 2023, el Ministerio de Energía y Minas envió al Ministerio del Ambiente para su evaluación una propuesta de proyecto de ley elaborada por Perupetro, que busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas a fin de impulsar la industria del petróleo y gas natural.
Sin embargo, esta propuesta genera grave preocupación, ya que debilitaría el marco legal de protección de las áreas naturales y su institucionalidad, al priorizar actividades extractivas sobre la conservación de la diversidad biológica en las áreas naturales protegidas, contraponiéndose a lo establecido en la Constitución.
Candamo y el gas en la Amazonía
Es conocido que en el subsuelo de áreas naturales de alta protección, como el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su corazón, el Candamo, se encuentran depósitos de gas natural que periódicamente vuelven a la mira del Gobierno de turno con fines de promover su extracción.
Los parques nacionales, así como los santuarios nacionales y santuarios históricos conforman las llamadas “áreas naturales protegidas (ANP) de uso indirecto”, en las cuales -debido a su alto valor y fragilidad- la actual legislación prohíbe la extracción de recursos naturales y transformaciones del ambiente natural. Existen actualmente 28 áreas de este tipo en el Perú.
Sobre esta propuesta del sector energía, Vanessa Cueto, vicepresidenta de la asociación civil DAR, observa que “trae nuevamente a la mesa la idea de recortar e impactar negativamente nuestras áreas naturales protegidas, que son Patrimonio de la Nación, así como una importante reserva de agua y aire limpios, de captura de carbono, y de diversidad biológica y ecosistemas representativos, entre otros servicios”.

Normativas incumplidas
De aprobarse el proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Energía y Minas, se debilitaría el resguardo de las áreas naturales protegidas, al permitir el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables en áreas de uso indirecto declaradas de interés nacional y necesidad pública por decreto supremo, excepcionalmente; y en áreas de uso directo sin excepción (artículo Nº 21 de la propuesta).
Frente a ello, Vanessa Cueto sostiene “la protección de estas áreas se convertiría en declarativa, una protección solo en el papel, ya que de aprobarse esta iniciativa todas nuestras áreas naturales protegidas estarían en riesgos, priorizando la actividad extractiva sobre la diversidad biológica y la vida”.
Esta propuesta de proyecto de ley permitiría la explotación del llamado “Lote Fitzcarrald”, que colinda con la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti - RTNN y el Parque Nacional Manu, áreas importantes por la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
Además, la propuesta establecería que no se puede afectar derechos otorgados antes y durante el establecimiento de un área natural protegida, e incluso durante su gestión (artículo Nº 5).
Asimismo, la creación y gestión de un área natural protegida no podría afectar las áreas promocionales para extracción de hidrocarburos (artículo Nº 27), con lo que no habría ningún filtro para las actividades extractivas en estas áreas.
Además, esta propuesta del Ministerio de Energía y Minas establecería como requisito para la aprobación del plan maestro (artículo Nº 20) -principal instrumento de gestión de un área natural protegida-, así como de otros instrumentos de gestión, la opinión previa favorable del Minem cuando exista evidencia de la presencia o posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, incluyendo áreas promocionales o similares.
Candados para nuevas áreas protegidas
De aprobarse la propuesta de proyecto de ley, se requeriría también un “refrendo” o validación por parte del MINEM para crear área natural protegida, zonas de amortiguamiento (su cinturón de protección), zonas reservadas y áreas de conservación regional, cuando exista evidencia de la presencia o posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, incluyendo áreas promocionales o similares (artículo 7).
El Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) deben pronunciarse sobre este proyecto de ley, en el marco de nuestra normativa nacional, así como del respeto a los compromisos ambientales del Tratado de Libre Comercio del Perú con Estados Unidos; así como de compromisos internacionales en el marco de la lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica.
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