La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está a puertas de enfrentar el juicio oral por el caso Cócteles, donde se le imputan delitos de lavado de activos y organización criminal por los presuntos aportes ilícitos de su partido en las campañas presidenciales de 2011 y 2016, afirmó el miércoles el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.
En diálogo con RPP, el fiscal superior refirió que ya culminó la etapa intermedia del proceso, con lo cual pasará a la siguiente fase, que comprende los alegatos preliminares, la actuación probatoria, los alegatos finales y la deliberación y sentencia.
Por este caso, en el que también hay otros siete implicados, la tres veces candidata presidencial afronta una petición fiscal de más de 30 años de cárcel. Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora Odebrecht, además de los 3,65 millones de dólares de Credicorp.
En una audiencia de septiembre de 2022, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez insistió en que el fraude existió y que el dinero ilícito fue entregado al fujimorismo para ser lavado en las campañas electorales.
Sin embargo, los abogados de la cúpula de Fuerza Popular sustentaron que, hasta la fecha, no se ha acreditado que esos aportes de empresas privadas fueran de origen ilícito y defendieron que no se trataría de un delito de lavado de activos, pues este requiere que antes se haya cometido otro delito que genere una ganancia.
Entre esas medidas requeridas está no salir del país, no declarar en medios de comunicación o redes sociales sobre el proceso, y no comunicarse con parlamentarios y exparlamentarios incluidos en la nómina de testigos ni con colaboradores eficaces del caso.
En junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de Fujimori, quien por este caso ya cumplió un primer período de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
Sin embargo, en enero de 2020 el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.
“Estamos agotando la etapa intermedia, el doctor Zúñiga en su momento emitirá la resolución correspondiente, después de que terminemos todos los debates. Hay un punto central. Keiko no puede reconocer eso [los aportes de Odebrecht], porque es un hecho inexistente. De hecho, el propio Barata, quien ha declarado al respecto, ha sido tan impreciso y contradictorio en su propia declaración que no ha dado luces sobre aquella supuesta entrega o aporte del erario”, dijo la abogada Giuliana Loza.
Sobre las nuevas reglas de conducta solicitadas por el equipo Lava Jato, la letrada indicó que “son totalmente lesivas” y señaló que el Ministerio Público “ha dilatado toda la etapa intermedia por haber presentado un requerimiento totalmente deficiente que fue tantas veces devuelto”.
En la actualidad, sobre Fujimori pesan cinco reglas de conducta dictadas por el Poder Judicial en abril del 2020, cuando fue revocada su prisión preventiva.
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