Abogado de Dina Boluarte: “Investigación por muertes en protestas no tiene sentido y debe ser cerrada rápidamente”

La Fiscalía de la Nación ha citado Dina Boluarte para que declare por la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves luego de que se registraran 49 fallecidos durante las movilizaciones en su contra. El abogado de la presidenta afirmó que desean culminar con este proceso “rápidamente” porque es un capítulo que “no tiene sentido”.

La jefa de Estado se ha mantenido firme en su posición ante las muertes ocurridas en las protestas que se desarrollaron a nivel nacional en contra de su Gobierno a inicios de su mandato presidencial. Para Boluarte Zegarra, como presidenta de la República no tiene responsabilidad política ni penal en estos fallecimientos.

La defensa legal de la mandataria, Joseph Campos, conversó con RPP Noticias y afirmó que su patrocinada desea terminar este proceso de una vez, pues consideran que “no tiene sentido”.

“A nosotros nos importa expresar nuestra voluntad de colaboración con esto para efecto de cerrar este capítulo [investigación por muertes en protestas] que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta de la República en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, dijo.

El abogado refirió que estas movilizaciones sociales “no alcanzaron los estándares interamericanos para ser calificado como protesta” por presuntamente tener carácter violento. “Lo que se ha ordenado primero es que se investigue caso por caso. Ciertamente esa es una responsabilidad jurídica que de ninguna manera va a alcanzar a la presidenta de la República. Una vez que se investigue esa situación corresponderá investigar otro tipo de responsabilidades que también rechazamos”, sostuvo.

“Una responsabilidad de la Presidenta de la República no tiene sentido. Por eso nosotros estamos insistiendo en definir rápidamente este asunto, porque políticamente sí hay un costo adentro y fuera del país. Esto da pie para que señores fuera del país utilicen su condición presidencial para establecer que aquí en el Perú no hay una democracia, que aquí hay un gobierno genocida y más cosas por el estilo. Declaraciones que rechazamos rotundamente”, enfatizó.

Niega responsabilidad

Ayacucho, Puno, Andahuaylas y más regiones de la sierra del país padecieron por la pérdida de sus ciudadanos en estas protestas. Se registraron casos graves como el de la región ayacuchana, que perdió 9 de sus habitantes en menos de 24 horas. Sin embargo, la presidenta continúa negando algún tipo de responsabilidad en estas muertes.

Campos resaltó que para determinar responsabilidad en las muertes los casos deben ser revisados uno por uno para identificar si se empleó la fuerza de forma justificada o no. “Pueden ser 70 [fallecidos], pueden ser 50 [fallecidos], pero bastaría que 1 hubiera actuado en legítima defensa para que se le dé la garantía”, añadió.

“La investigación se tiene que desarrollar con objetividad y en el marco de las competencias de cada poder. No queremos que se entienda de ninguna manera que estamos interfiriendo la tarea de los poderes que compete. El Ejecutivo ha exhortado eso y lo ha hecho públicamente. Lo que sí debemos buscar es la verdad por respeto a las víctimas, al policía que también es padre, es hermano, es hijo, es esposo y también merece que se haga una investigación objetiva”, indicó.

Dilataciones

Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y que patrocina a los deudos de las víctimas de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco, informó que el interrogatorio está programado para el día 31 de mayo por “caso de violaciones a derechos humanos perpetradas en diciembre 2022 y enero 2023 en Andahuaylas, Ayacucho, Puno y otros departamentos”.

Sin embargo, no es la primera vez que se cita a la mandataria a declarar presencialmente. El 30 de enero fue la primera vez que la presidenta fue citada para que brinde sus descargos, pero quiso hacerlo virtualmente.

La reprogramación fue programada para 23 de febrero, pero solicitó cambiar la modalidad para brindar sus declaraciones. No obstante, al 25 de febrero tampoco atendían este requerimiento.