La elección de Josué Gutiérrez, cuestionado exabogado de Vladimir Cerrón, continúa suscitando diversas críticas en torno al Congreso de la República.
Contra el letrado se ciernen dos exdenuncias por los presuntos delitos de peculado, estafa y apropiación ilícita; críticas por su pasado político en la gestión del exmandatario Ollanta Humala; infracciones de tránsito en el SAT; su asesoramiento a la bancada de Perú Libre (PL) en el Parlamento, entre otros.
Gutiérrez, además, ejerció como defensor legal del secretario y fundador de PL, Cerrón Rojas, que cuenta con investigaciones en curso por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. El perulibrista tiene, incluso, una sentencia previa por delitos contra la administración pública (corrupción).
La representación nacional ni siquiera accedió a debatir, en el Pleno, entre los aspirantes a defensor del pueblo: Gutiérrez, propuesto por PL; y Jorge Luis Rioja Vallejos presentado por el Bloque Magisterial de Concertación Nacional y Acción Popular. Previamente, en una Junta de Portavoces, se acordó que la votación se realizaría de forma directa.
Entre las diversas voces críticas de esta elección, por la que ya se han presentado dos reconsideraciones, se encuentra el ex defensor del pueblo Walter Albán. El exfuncionario aseguró que “este Congreso ha perdido todo escrúpulo”.
“Están en un afán impresionante de copar todas las instituciones. Han destruido lo que teníamos de institucionalidad democrática. Capturaron el Tribunal Constitucional y la Sunedu, se preparan para capturar el Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec. [...] A través de la Defensoría quieren copar la Junta Nacional de Justicia, contra cuyos miembros ya iniciaron un proceso de acusación constitucional”, indicó a La República.
El también abogado, que ocupó el cargo entre el 2000 y el 2005, subrayó que a través del copamiento de la Defensoría del Pueblo, se puede “controlar la designación que corresponda [...] de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que, como sabemos, por una reforma constitucional, se tiene que realizar a través de una comisión especial presidida por la Defensoría”.
Esta situación, agregó, “explica que [Josué Gutiérrez] ha tenido el respaldo de casi todas las organizaciones representadas en el Congreso”.
“Esto es porque todos tienen rabo de paja, tienen investigaciones por distintos delitos y les interesa controlar el sistema judicial. Es como poner a alguien que sienten de los suyos, que saben que será funcional a lo que requieran hacer más adelante y que, además, anula la posibilidad de que exista una Defensoría que —por ejemplo, bajo la conducción de Eliana Revollar ha estado permanentemente dando reporte de los conflictos— ha hecho seguimiento a las protestas y mucho de lo que han recogido los informes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, puntualizó.
Posteriormente, destacó que el proceso de designación del nuevo defensor del pueblo “fue opaco, ajeno a la ciudadanía, donde prácticamente [se eligió] a dedo en el Congreso”.
“Nos han arrebatado la Defensoría. [...] Ahora es la Defensoría de los congresistas, por eso digo que más que un defensor, han elegido un ofensor del pueblo”, aseveró.
Una postura similar tiene el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. El grupo emitió un pronunciamiento, a través de sus canales institucionales, y sostuvo que la elección de Gutiérrez se suscitó en contra de un fallo previo, del Poder Judicial, que instaba a adoptar un reglamento especial para estos casos.
“Esta elección se ha llevado a cabo en abierta oposición a lo dispuesto por el Poder Judicial, que mediante sentencia señaló evidentes vulneraciones a los derechos ciudadanos y por ello exhortó al Congreso de la República a que, previo a dicha elección, implemente un Reglamento Especial que defina el perfil del Defensor y el procedimiento a seguir, bajo los parámetros de la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los principios que guían una buena administración pública”, informó.
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