A pocos días de que el Congreso de la República disponga elegir al nuevo defensor del Pueblo, siguen apareciendo cuestionamientos contra uno de los finalistas de este proceso: Josué Gutiérrez. El abogado de Vladimir Cerrón, y carta del partido Perú Libre, no habría sido del todo transparente a la hora de presentar su declaración jurada.
Según el diario Perú 21, la Contraloría General de la República detectó que el también exparlamentario nacionalista (2011-2016) no habría informado que registraba con seis papeletas ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). Sin embargo, ese no es el único detalle que Gutiérrez obvio a la hora de postular a la Defensoría.
Además, el exasesor de la bancada del lápiz también no precisó de manera exacta cuándo se dio la suscripción de las acciones de su empresa GYT Global Consulting S.A.C. ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
Gutiérrez colocó la fecha de la inscripción de su compañía, pero no desde cuando tenía acciones sobre la misma.
La entidad fiscalizadora le solicitó que subsanara esta observación, pero el exparlamentario no lo hizo y siguió dentro del pool de candidatos a la Defensoría que la comisión especial, liderada por el congresista Idelso García (Alianza para el Progreso), consideró para este tercer proceso.
Ley Mordaza
Estas omisiones de Gutiérrez se suman a que habría participado en la llamada ‘Ley mordaza’ que aumenta las penas para los delitos de difamación y calumnia, que sería un nuevo intento de mordaza contra los periodistas y medios de comunicación que son críticos con los políticos.
Según el diario Perú 21, Gutiérrez estuvo en la sesión del 14 de marzo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del legislador Américo Gonza, en la que se discutió, revisó y aprobó la iniciativa.
En esa ocasión, la controversial iniciativa impulsada por Segundo Montalvo (Perú Libre) obtuvo ocho votos a favor, siete en contra y una abstención. El Bloque Magisterial, Acción Popular y Alianza para el Progreso mostraron su aprobación a esta medida.
Por el contrario, Fuerza Popular, Avanza País y Cambio Democrático la rechazaron. El único voto en abstención que recibió esta iniciativa legislativa provino de Betssy Chávez, la exprimera ministra actualmente investigada por participar del golpe de Estado de Pedro Castillo.
La controversial iniciativa es impulsada por Segundo Montalvo (Perú Libre), quien busca que las sentencias por difamación y calumnia pasen de dos a cuatro años. Además, deberá realizar una reparación civil a favor de la víctima.
Con el nuevo proyecto, también solicita la incorporación del concepto “indemnización por daño contra el honor” al artículo 1969-A del código civil, el cual hace referencia al dolo o culpa que causa daño al honor de otra persona, el cual se encuentra en la obligación de indemnizarlo.
Gutiérrez aceptó a Perú 21 que participó en la Comisión de Justicia cuando discutieron la ‘Ley mordaza’. En un inicio señaló que lo hizo como “personal de apoyo externo” porque pertenece al Departamento de Comisiones del Parlamento desde julio del año pasado.
Sin embargo, en el video que el citado medio de comunicación accedió se puede escuchar que el actual aspirante a la Defensoría del Pueblo es presentado como el asesor principal del grupo de trabajo.
Ante tal evidencia, el excongresista humalista refirió que revisó el dictamen que eleve las penas para los delitos de difamación y calumnia de dos a cinco años. Recordó que hizo un comentario de que la iniciativa “era pernicioso” y recomendó que se quede en cuatro años porque si excedía de este tiempo, pues la prisión para aquel que hubiese cometido el delito iba a resultar efectiva.
Por el momento, hay bancadas como Fuerza Popular que están dispuestos a respaldar la candidatura de Josué Gutiérrez en comparación a su rival Jorge Rioja. Hay que señalar que se requieren de 87 votos para que la Defensoría del Pueblo tenga un nuevo titular.
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