
Ninguna madre es perfecta y eso lo han sabido demostrar las llamadas ‘madres de la Patria’ que desde hace dos años ocupan una curul en el Congreso de la República. Semana a semana una nueva parlamentaria es protagonista de algún escándalo que llama la atención de la ciudadanía, pero, sobre todo, del Ministerio Público. En dicha institución se han abierto diversas carpetas de investigación contra las actuales legisladoras.
Si bien ya no se encuentra en el Congreso, cabe recordar que fueron 8,472 votos los que llevaron a Bettsy Chávez al hemiciclo. Su participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo, provocaría que la expremier pase 23 años y cuatro meses de su vida tras las rejas. Este es el tiempo estimado por la Fiscalía que no tiene en cuenta “beneficios penitenciarios” por el delito de rebelión mientras que por conspiración serían 9 años y 11 meses.
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Sigrid Bazán, quien tuvo el respaldo de 44,359 votos en las últimas elecciones, es parte de una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. El proceso nace a partir de la compra de una casa en Miraflores por 165 mil dólares cuando la hoy congresista era recién egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la PUCP. Además habría gastos 240 mil soles remodelando el inmueble.

Las ‘mocha sueldos’
Si bien las posturas ideológicas separan a varias congresistas, entre varias de estas comparten una práctica que ha sido revelada durante las últimas semanas gracias a declaraciones de sus excolaboradores. Las hoy llamadas ‘mocha sueldos’ no tenían reparo en recortar el salario de sus trabajadores alegando, en algunos casos, la necesidad de cubrir los gastos del líder de la agrupación que representan.
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“Vamos al cajero”, dijo la congresista María Cordero Jon Tay a uno de los miembros de su despacho para asegurarse de que le entregue el diezmo pactado. Miembros de Fuerza Popular lamentaron que la parlamentaria utilizara la imagen de Alberto Fujimori para justiciar el recorte de sueldo; por ello es que semanas después de revelada la denuncia se procedió con su expulsión del partido liderado por Keiko Fujimori.
Junto a Jon Tay, María Acuña, hermana del líder de Alianza para el Progreso, son investigadas por el presunto delito de concusión. El último 9 de mayo, miembros de la Fiscalía llegaron a sus despacho para recopilar información en torno al proceso a su contra. Cabe recordar que Vanesa Llontop, reveló que tras el recorte de sueldo tan solo se quedaba con mil soles por un mes de trabajo realizado.
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A inicios de abril, la Fiscalía inició una investigación contra la representante del Cusco, Katy Ugarte. La exministra del gobierno de Pedro Castillo habría pedido entre 300 y 400 soles a sus trabajadores como aportes voluntarios. Rosío Torres de Loreto también enfrenta un proceso en el Ministerio Público luego de revelarse que habría coordinado el cobro irregular a través de un sobrino suyo.
Magaly Ruiz de la bancada de Alianza para el Progreso fue la primera parlamentaria en ser señalada del presunto delito de concusión. Esto a partir de una denuncia periodística que rescató la versión de uno de sus extrabajadores. De los 4200 soles que le correspondía por sus labores realizadas, la parlamentaria habría pedido un “aporte voluntario” de 1500 soles para concepto de caja chica. Supuestamente, el dinero iba a caridad.
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Las llamadas congresistas ‘mocha sueldos’ recibieron esta semana un peculiar regalo de parte de José Williams, presidente de la Mesa Directiva del Congreso. En medio de cuestionamientos por sus labores, estas fueron homenajeadas con un desayuna y recibieron una billetera Renzo Costa de aproximadamente 240 soles. Para la cabeza del Poder Legislativo se trataría de un gasto austero.
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