Segundo Montalvo (Perú Libre), el congresista que busca legalizar el taxi colectivo en Lima, registra al menos cinco papeletas, la licencia de conducir cancelada y cinco procesos penales por robo, usurpación y otros, según un informe difundido por El Comercio este sábado.
Montalvo, también autor de un proyecto de ley que busca elevar las penas por el delito de difamación a través de medios de comunicación y redes sociales, recibió tres papeletas a la vez en setiembre del 2020 por desobedecer las indicaciones sobre el tránsito, por no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia de conducir o DNI, y por no llevar placas de rodaje en el vehículo, por lo que ya había sido multado en abril de ese mismo año.
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Montalvo aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas, región a la que representa, para cuatro procesos: en 2055, por robo (simple); en 2009, por receptación y hurto agravado (casa habitada); en 2015, por dos cargos de usurpación; y en 2018, por falsa declaración de procedimiento administrativo.
En febrero, Ojo Público reveló que, entre 2021 y 2022, el congresista registró un considerable aumento en sus ingresos: pasó de 2.136 mil a 118.000 mil, según los reportes entregados a la Contraloría.
Su iniciativa legislativa, suscrita por otros parlamentarios de su bancada, fue presentada a inicios de mayo, cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció el empadronamiento de choferes informales de este servicio.
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El 10 de mayo, la PCM aprobó un decreto supremo que remover por “pérdida de confianza” a las autoridades de la Autoridad del Transporte Urbano, brazo fiscalizador de colectiveros.
Este viernes, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, descartó que el Gobierno tenga planeado aprobar la formalización de este servicio en Lima y Callao, lo cual es avalado por especialistas para dar paso a un sistema de transporte masivo de calidad.
Lazarte precisó que el decreto que modifica el reglamento de organización de la ATU respondió a una decisión técnica y “sin personalizar”, pese a que la presidenta del organismo, María Jara, lo calificó que “barbaridad jurídica”.
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“Se ha explicado que las decisiones que estamos tomando es para formalizar y mejorar el transporte urbano en Lima y Callao. Y, por supuesto, todas las decisiones que estamos tomando, sin personalizar, es para el beneficio de limeños y chalacos”, explicó. Jara acaba de ser removida del Consejo Directivo.
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