Segundo Montalvo (Perú Libre), el congresista que busca legalizar el taxi colectivo en Lima, registra al menos cinco papeletas, la licencia de conducir cancelada y cinco procesos penales por robo, usurpación y otros, según un informe difundido por El Comercio este sábado.
Montalvo, también autor de un proyecto de ley que busca elevar las penas por el delito de difamación a través de medios de comunicación y redes sociales, recibió tres papeletas a la vez en setiembre del 2020 por desobedecer las indicaciones sobre el tránsito, por no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia de conducir o DNI, y por no llevar placas de rodaje en el vehículo, por lo que ya había sido multado en abril de ese mismo año.
Montalvo aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas, región a la que representa, para cuatro procesos: en 2055, por robo (simple); en 2009, por receptación y hurto agravado (casa habitada); en 2015, por dos cargos de usurpación; y en 2018, por falsa declaración de procedimiento administrativo.
En febrero, Ojo Público reveló que, entre 2021 y 2022, el congresista registró un considerable aumento en sus ingresos: pasó de 2.136 mil a 118.000 mil, según los reportes entregados a la Contraloría.
Su iniciativa legislativa, suscrita por otros parlamentarios de su bancada, fue presentada a inicios de mayo, cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció el empadronamiento de choferes informales de este servicio.
El 10 de mayo, la PCM aprobó un decreto supremo que remover por “pérdida de confianza” a las autoridades de la Autoridad del Transporte Urbano, brazo fiscalizador de colectiveros.
Este viernes, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, descartó que el Gobierno tenga planeado aprobar la formalización de este servicio en Lima y Callao, lo cual es avalado por especialistas para dar paso a un sistema de transporte masivo de calidad.
Lazarte precisó que el decreto que modifica el reglamento de organización de la ATU respondió a una decisión técnica y “sin personalizar”, pese a que la presidenta del organismo, María Jara, lo calificó que “barbaridad jurídica”.
“Se ha explicado que las decisiones que estamos tomando es para formalizar y mejorar el transporte urbano en Lima y Callao. Y, por supuesto, todas las decisiones que estamos tomando, sin personalizar, es para el beneficio de limeños y chalacos”, explicó. Jara acaba de ser removida del Consejo Directivo.
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